tres años de distancia, ¿qué fue del peor desastre ambiental de la industria minera en México y su remediación? (léase el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre –antes Minera Cananea–, propiedad del tóxico empresario Germán Larrea).

Tal desastre se registró el 6 de agosto de 2014, pero el consorcio minero, en complicidad con las autoridades municipal, estatal y federal, no notificó a la población de la zona contaminada (especialmente la asentada en los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi) y descaradamente mintió al culpar del accidente a la potente lluvia, por arriba de la media, que –según dijo– se registraba en el área afectada (por lo visto, la lluvia es el pretexto recurrente, como en el reciente caso del Paso Exprés de Cuernavaca).

Las concesiones mineras son responsabilidad del gobierno federal y tras el desastre ambiental de Grupo México (el cual mantiene un reguero tóxico por prácticamente toda la República) la autoridad estaba obligada a cancelar la que otorgó a dicho corporativo en Cananea, Sonora. Pero lejos de ello, como es costumbre, el gobierno peñanietista (como antes el calderonista, el foxista, etcétera, etcétera) protegió al empresario y armó el show de la remediación, es decir, el mismo vodevil de siempre (impunidad garantizada).

Tras el derrame de Grupo México, a la Secretaría del Medio Ambiente (por ese entonces a cargo de Juan José Guerra Abud –hoy instalado en la embajada mexicana en Italia–, curiosamente un militante del Partido Verde Ecologista) aseguró que la causa de lo sucedido en Buenavista del Cobre fue el descuido de la empresa minera, y para llegar a tan sesuda conclusión le llevó tres semanas.

Entonces, Grupo México y su tóxico propietario, Germán Larrea, contaminaron, mintieron, desinformaron, manipularon y mucho más, pero no le cancelaron la concesión federal. De hecho, el verde Guerra Abud aseguró que la empresa no puede ser clausurada, ni siquiera temporalmente, aunque podría ser multada y tendrá la obligación de remediar el daño. Y el coro lo hizo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

Las multas a Grupo México –si es que algún día se le notificó– resultaron ridículas, sobre todo en proporción del daño ambiental causado y el brutal efecto en la salud y los bolsillos de los afectados. Pero como en el gobierno todo es show, entonces la Semarnat inventó el Fideicomiso Sonora, en el que Grupo México depositaría alrededor de 2 mil millones de pesos para resarcir a los afectados por el derrame tóxico y remediar el desastre ecológico.

En la puesta en escena también participaron las secretarías de Gobernación, Salud, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Trabajo y Previsión Social, al tiempo que aportaban su granito de arena la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Y el coro fue de Ildefonso Guajardo: “El gobierno federal descartó la clausura definitiva de la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, por considerar que lo relevante es el compromiso de la empresa en la compensación económica a los afectados y la remediación de sus efectos. Si bien el gobierno de la República no puede descartar ninguno de los instrumentos que tiene a mano para sancionar a la minera, lo cierto es que debe tomarse en cuenta que actualmente la empresa contrata a 2 mil trabajadores y potencialmente, en condiciones de cumplimiento en toda su regulación, podría generar 10 mil fuentes de empleo.

Y de cereza, Guajardo dijo: Lo que tenemos que garantizar es que (Grupo México) lo haga con absoluto respeto a las regulaciones ambientales existentes. Lo importante no es la multa, eso no es lo relevante, sino la compensación económica a los afectados. Y se quedó tan tranquilo.

En 2015 la Semarnat aseguró que tras un permanente monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrológica, se puede asegurar que el agua del río Sonora y los pozos que abastecen de agua potable a los cerca de 23 mil habitantes cumplen con las normas de salud y de medio ambiente aplicables en el país.

Y todas las heroicas instituciones concluyeron que cumplió el tóxico empresario y su Grupo México; que todas las zonas afectadas quedaron remediadas; que el agua estaba limpia; que los pobladores fueron compensados; que elagua potable cumple con las normas de salud y que, en fin, si de un concurso de carisma se tratara, sin duda alguna Larrea hubiera arrasado. Una tras otra, se lavaron las manos, aplaudieron y rindieron homenaje al depredador de cuello blanco. Nadie terminó enchiquerado.

Tras la remediación, a los guaruras de Larrea les remediaron la vida, a unos mejor que a otros: a Guerra Abud (Semarnat) lo mandaron a Italia, a Guillermo Padrés (gobierno de Sonora) a la cárcel y a David Korenfeld (Conagua) a su casa (en helicóptero), sin apartarlo de la ubre presupuestal. Todo ello mientras Larrea sigue contaminando e hinchándose de billetes a costillas de la nación y de la salud de los mexicanos.

Pues bien, sirva lo anterior para entender cabalmente la información que hoy publica La Jornada (Angélica Enciso): “A tres años de que la mina Buenavista del Cobre derramó 40 mil metros cúbicos de residuos peligrosos en el río Bacanuchi, en Sonora, aún hay pozos con niveles de contaminación de arsénico y manganeso superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud, señalaron los comités de cuenca Río Sonora (CCRS), que agrupan a ciudadanos afectados.

“El 6 de agosto de 2014 fue el derrame de la empresa de Grupo México y hace unos días los comités de cuenca ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región; además, se han demandado al Isssteson, IMSS y Secretaría de Salud por falta de atención a la población afectada por el derrame.

“En conferencia de prensa detallaron que un fallo dictado por el juzgado primero de distrito de Sonora, relativo al juicio de amparo 834/2015, reconoce que los pozos Sinoquipe y La Labor presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, las cuales establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994. Esta sentencia echa por tierra el discurso oficial del gobierno y la empresa acerca de que ya no existe contaminación en el río Sonora”.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿así o más remediación y cumplimiento?

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