Río de Janeiro.

El juez brasileño Sergio Moro, que encabeza las investigaciones de la operación Lavado Rápido, imputó este martes al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) en un caso relacionado con la propiedad y reformas de una finca en Atibaia, estado de Sao Paulo, haciendo lugar al pedido fiscal.

Según los fiscales, Lula se benefició ilegalmente de reformas hechas a la casa de la finca por las empresas constructoras Odebrecht y OAS. El ex mandatario niega las acusaciones y asegura que ese terreno no es de su propiedad.

La escritura de la finca no está a nombre de Lula, sino de los empresarios Fernando Bittar y Joao Suassuna, pero según los fiscales el verdadero propietario es el ex gobernante, para lo cual citan indicios como bienes personales y ropas encontrados en la casa y visitas frecuentes, pues entre 2011 y 2016 Lula visitó la finca unas 270 veces.

Esta denuncia es una de las seis causas abiertas contra Lula detro de Lavado Rápido por sospechas de corrupción, en una de ellas ya fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión.

El ex presidente podrá recurrir en libertad esa sentencia, para intentar evitar una condena en segunda instancia que le impediría presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones generales de 2018.

La decisión se conoció un día antes de que el presidente Michel Temer enfrente otra prueba de fuego para su atribulado gobierno. Este miércoles la Cámara de Diputados decidirá si envía a al máximo tribunal de justicia una acusación de corrupción en su contra o la archiva.

La oposición anticipó que buscará bloquear la sesión, dejando al oficialismo la obligación de conseguir el quorum de 342 legisladores necesarios para votar, un reconocimiento de que no tiene la fuerza suficiente para que la investigación avance.

Temer quedó muy frágil luego de que la fiscalía general lo denunció por pedir un soborno de unos 150 mil dólares al gigante de la industria frigorífica JBS, causa que lo convirtió en el primer presidente en ejercicio en ser acusado de un crimen común.

Con una popularidad de 5 por cieto, según un sondeo de Ibope que lo ubicó como el mandatario con menos apoyo desde que se reinstauró la democracia en 1985, Temer podría ser suspendido por hasta 180 días si el proceso llega al Supremo Tribunal Federal (STF) y éste lo eleva a juicio.

Aunque el gobierno considera que la causa no prosperará, nada está descartado ya que la votación será pública y los 513 diputados buscarán su relección el próximo año.