a Marcha por Morelos, que hoy arrancó en la Paloma de la Paz, el monumento emblemático a la entrada de Cuernavaca, no parece ser una marcha más. Tiene rasgos y miradas que la hacen especial.
Encabezan la marcha Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma de Morelos; Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Ramón Castro, obispo de Morelos. Pero van también el empresario que dirige la Coordinadora Morelense de Movimientos Sociales y el líder de los transportistas, lo mismo que el presidente municipal de Cuernavaca y muchas otras personas y grupos. Va todo Morelos.
Es una marcha que expresa el hartazgo y la indignación de la gente del estado que ha llegado al límite de su paciencia. El socavón del Paso Exprés no fue la gota que derramó el vaso, que se había desbordado hace mucho tiempo. Pero se convirtió rápidamente en símbolo del desastre que se vive en Morelos, cuando se combina la corrupción con la incompetencia y la irresponsabilidad en el gobierno.
La marcha apela todavía a las autoridades políticas del país. Presentará demandas ante la Secretaría de Gobernación, empezando por la muy fundamental, pero muy compleja, de restaurar el estado de derecho. Se buscan condiciones tan indispensables para la convivencia como la justicia y la seguridad.
Quienes se han unido para esta marcha no forman una alianza política o una coalición. Entrelazan sus fuerzas y sus capacidades políticas e institucionales en un gesto final, respetuoso pero firme, que apela todavía a los poderes establecidos, hasta ahora incapaces de rescatar a Morelos de la situación insoportable a la que lo ha conducido la administración perredista actual… con la complicidad y el respaldo del gobierno federal.
Es la última llamada. Están ya preparados para asumir el camino de la resistencia civil y concertar las acciones ciudadanas que empezarán a tomar en sus manos la solución de sus problemas en cada una de las esferas de la vida cotidiana. Se ocuparán de la seguridad, como hacen ya muchos grupos y comunidades en Morelos y en el país, mediante dispositivos de autodefensa. Se organizarán para asumir responsabilidades colectivas y ejercer en la práctica su poder político y sus capacidades autónomas, orientando los empeños colectivos a la reconstrucción de la sociedad desde abajo. Buscan colocar la democracia donde debe estar, donde está la gente, donde ella misma puede establecer y hacer respetar las normas de la convivencia.
En esa circunstancia, si las autoridades se muestran una vez más ciegas y sordas a legítimas exigencias ciudadanas, los pueblos de Morelos, desde los más diversos sectores sociales que hoy se hicieron presentes en la marcha, se dejarán inspirar por las iniciativas de los pueblos originarios, que han encontrado todas las puertas cerradas ante su clamor de libertad, justicia y democracia.
Enfrentados a una campaña de exterminio que los despoja y agrede sistemáticamente, que los trata como seres humanos desechables para el capital y sólo se interesa en sus tierras, aguas y recursos, los pueblos indígenas de México están en movimiento. El pasado octubre decidieron pasar a la ofensiva e iniciaron su insurgencia pacífica.
El miércoles 26 de julio se reunieron en Oaxaca miembros de la coordinadora del Congreso Nacional Indígena (CNI) y la vocera del Concejo Indígena de Gobierno con un centenar de representantes de comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca y un grupo muy representativo de la sociedad civil organizada del estado. Se dedicaron a explorar juntos la manera de fortalecer la participación oaxaqueña en el concejo y de llevar adelante la iniciativa que el 1º de enero de este año anunció el CNI, tras consultar con sus bases los acuerdos tomados en el quinto Congreso del CNI, organizado en San Cristóbal el pasado octubre.
La propuesta del CNI incluirá el registro de la vocera del concejo como candidata a la Presidencia de la República, pero no busca, como todos los partidos, encabezar los aparatos podridos que aún llamamos gobierno. Se propone desmantelarlos y concentrar el esfuerzo en las capacidades de organización, autonomía y gestión de la propia gente, en todos los ámbitos de la realidad. La gran experiencia al respecto de los pueblos originarios ha sido continuamente hostigada por partidos y autoridades. Hoy la están fortaleciendo y al mismo tiempo la comparten con el resto de la sociedad, para que cada quien a su manera, en su contexto, pueda realizar la tarea de la reconstrucción.
Al constituir el pasado mayo su Concejo Indígena de Gobierno, el CNI no busca sustituir las formas de autogobierno de comunidades y pueblos, que se extenderá cada vez más a barrios y colonias en las ciudades. Tampoco será un gobierno paralelo o fantasma frente a los aparatos estatales. Será una forma efectiva de enfrentar la ingobernabilidad generalizada, cuando las instancias estatales al servicio del capital y el crimen se muestran cada vez más incapaces de cumplir sus funciones. Con la autoridad moral que aún tienen los pueblos originarios, convierten ya su insurgencia pacífica en una posibilidad real de restablecer la convivencia armónica entre mexicanas y mexicanos, deteniendo al fin el deslizamiento a la barbarie que hoy caracteriza la bancarrota del régimen dominante.
