La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la Secretaría de Cultura cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos de la estrategia de contraloría social en materia de apoyo al sector, específicamente a festivales culturales y artísticos.

La auditoría al Programa de Apoyos a la Cultura, señala el organo fiscalizador, comprendió la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social.

La Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de participación social en la vigilancia del gasto.

Así, la ASF consideró necesaria la verificación del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo. Encontró que no operó la estrategia de contraloría social en la vertiente de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest); el esquema de contraloría social y el plan de difusión no contienen los elementos mínimos requeridos; las reglas de operación del programa no incluyeron el esquema de contraloría social.

Tampoco se publicaron en la página de Internet de la dependencia los materiales de capacitación para dos de las cinco vertientes en las que operó el programa; para cuatro vertientes, las actividades definidas en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (Patcs) se elaboraron extemporáneamente; el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura no mostró evidencia de la aplicación de la Guía de Revisión; existen áreas de mejora en el seguimiento de la operación de la contraloría social y no se registraron todas las actividades en el Sistema Informático de Contraloría Social.

Las consecuencias sociales se manifiestan en las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes fiscalizados; no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente.