Los abusos sexuales y físicos ocurridos contra varios menores de edad en el albergue religioso la Ciudad de los Niños fueron posibles no sólo por la ineficiencia de las autoridades para vigilar lo que ocurre en este tipo de centros, sino también por la complicidad entre los directores de los mismos y grupos políticos, afirmaron especialistas en derechos de la infancia.

Nashieli Ramírez, coordinadora general de la organización civil Ririki Intervención Social, consideró que lo ocurrido en los albergues del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías es una muestra de la falta de capacidad del gobierno para monitorear y supervisar lo que ocurre en las estancias infantiles, tanto públicas como privadas.

Dicha falla representa una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero también a diversos convenios internacionales en materia de protección a menores de edad, sobre todo aquellos que se encuentran sin cuidado de sus padres o de algún adulto.

Pero además de lo anterior, lo ocurrido en la Ciudad de los Niños demuestra que hay un tráfico de influencias terrible en todos los niveles, unas redes de protección hacia quienes están a cargo de este albergue. Las altas jerarquías (religiosas) se juntan con el poder, en una relación donde los pecados se perdonan a cambio de la complicidad.

A lo anterior habría que sumar el que las autoridades suelen institucionalizar de inmediato –es decir, internan en una institución de puertas cerradas– a los menores no acompañados por sus padres, y lo hacen por tiempo indefinido y en lugares saturados de niños y con personal no capacitado, cuando dicha opción debería ser siempre la última.

Ramírez destacó que sigue existiendo una gran permisividad hacia los albergues infantiles, derivada de la idea de que los niños y niñas están mejor ahí que en la calle, donde pueden volverse peligrosos, lo que ayuda a pasar por alto múltiples abusos en dichos centros.

Jenny Haza, directora general de la organización Melel Xojobal, coincidió en que el caso de la Ciudad de los Niños deja ver la falta de herramientas del Estado mexicano para supervisar adecuadamente lo que ocurre en dichas casas-hogar, pero también la complicidad entre religiosos y políticos.