os desencuentros de Moscú y Washington alcanzaron un punto de máxima tensión con la unánime aprobación por el Congreso de sanciones por la supuesta intromisión rusa en las elecciones estadunidenses, que el Kremlin considera simple pretexto, cuya gravedad exageran los adversarios del inquilino de la Casa Blanca para atarlo de pies y manos y, con ello, condicionar la formulación de la política hacia Rusia.

Ya es irrelevante si Trump promulga o no la ley, pues nada podrá evitar que el Congreso supere un eventual veto, tomando en cuenta que para ello requiere dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado, mientras en la primera se opusieron sólo tres legisladores y en la segunda, dos.

Esto significa que, al entrar en vigor las sanciones, imponerlas o quitarlas dejará de ser prerrogativa del inquilino de la Casa Blanca y, en tanto que ley, adquirirán un carácter permanente y podrán seguir aplicándose incluso de demostrarse que desaparecieron las causas que motivaron las restricciones, si mantenerlas, y eso es lo principal, corresponde con los intereses económicos de Estados Unidos.

Hay demasiados antecedentes de esta aberración en la relación bilateral y, a modo de ejemplo, es útil recordar qué sucedió con la enmienda que en 1974 presentaron los congresistas Jackson y Vanik para limitar el comercio de Estados Unidos con los países que, a su juicio, impedían la libre emigración y violaban los derechos humanos, en la cual incluyeron a la Unión Soviética que, decían, no permitía que los judíos viajaran a Israel.

Washington aceptó derogar la obsoleta enmienda sólo en diciembre de 2012, 21 años después de la disolución de la Unión Soviética y un cuarto de siglo más tarde de que cualquier ciudadano pudiera emigrar de este país sin impedimento alguno.

¿Cuánto durarán las nuevas sanciones? Nadie lo sabe, pero es claro que no dependen de que se resuelvan los problemas que sirvieron al Congreso como argumento para imponerlas: la anexión de Crimea, el apoyo a los separatistas del sureste de Ucrania, la negativa a cumplir los acuerdos de Minsk, el acta Magnitsky, la injerencia en Abjazia, Osetia del Sur y Transdniéster, entre otras acusaciones que, según Estados Unidos, permiten incluir a Rusia en una suerte de renovado eje del mal, junto con Irán y Corea del Norte.

Al margen de la responsabilidad que pueda o no tener Rusia en cada una de estas controversias, Estados Unidos pretende obtener ventajas geopolíticas sobre sus competidores a escala global, Rusia y sus aliados de la Unión Europea sobre todo, lo cual es evidente al analizar el proyecto de ley: 40 páginas están dedicadas a Corea del Norte, 25 a Irán, 16 a combatir el financiamiento del terrorismo y 98, más de la mitad, a Rusia.

Institucionalizadas las sanciones, Rusia tendrá que hacerse a la idea de que durarán el tiempo que convenga a Estados Unidos y asumir que –desvanecido el espejismo de que Trump sería un presidente más cómodo que Hillary Clinton– ahora la relación bilateral es peor que antes.