Madrid

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció este viernes que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para desactivar la legislación aprobada la víspera por el Parlamento catalán, con la que los partidos independentista pretenden dar cobertura jurídica al referéndum de secesión que tienen previsto celebrar el próximo 1 de octubre. Con esta medida, el gobierno español vuelve a intentar desactivar los pasos dados por el gobierno de Cataluña, presidido por el nacionalista Carles Puigdemont, para separarse definitivamente del Estado español y crear una nueva República de Cataluña.

En dos meses y tres días, si se cumple la hoja de ruta fijada por los independentistas catalanes, Cataluña celebrará el referéndum de independencia con el que pretenden romper definitivamente su vinculación jurídica y estatutaria el Estado español. Para esa aprobaron una ley express de desconexión, es decir el cobijo legal con el que aspiran a dar los pasos necesarios para desvincular o desconectar -en su terminología- las instituciones catalanas de las españolas. Esta ley fue aprobada el pasado jueves en el Parlamento catalán, con los votos a favor de la coalición Junts pel Si -integrado por los partidos hegemónicos de Cataluña que se han unido para impulsar la secesión, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)-, además de la formación asamblearia Candidatura de Unidad Popular (CUP).

Pero Rajoy anunció que el próximo uno de octubre no se va a celebrar ningún referéndum. Entre otras cosas porque el Tribunal Constitucional ya dijo que es ilegal. Y ahora, una vez presentado el recurso sobre la citada ley de desconexión, si el TC decide que su contenido vulnera los preceptos básicos de la Carta Magna española entonces su aplicación quedará inhabilitada, al menos desde la perspectiva de la justicia española. Sin embargo, los propios partidos catalanes que impulsan la independencia son partidarios de no asumir las tesis de la justicia española una vez han creado ellos su propia normativa, al considerar además que los tribunales españoles responden a directrices políticas y no respetan el derecho básico que reclama la sociedad catalana de ejercer su derecho al voto.

Rajoy incluso aseguró que en un país democrático esto no puede ocurrir, ya que la única intención de esta reforma es aprobar por trámite de urgencia y sin las más elementales garantías democráticas las leyes con las que se pretenden liquidar la soberanía nacional, la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía. La próxima semana se pronuncia al Alto Tribunal sobre el recurso, con lo que se iniciará una nueva batalla judicial entre Cataluña y Madrid, que actualmente tienen los puentes de diálogo rotos.