En una nueva acción desplegada por las autoridades centrales en la delegación Tláhuac, ayer comenzaron a retirarse los mototaxis y carritos de golf que no contaban con algún permiso o autorización para prestar servicio, y en un operativo conjunto realizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la policía capitalina se sacaron de circulación a por lo menos 87 unidades y se remitió ante el juez cívico a tres personas por oponerse a esa acción.

Desde temprana hora, cerca de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México acompañaron a los 20 inspectores de la Semovi y 60 del Invea para detener los vehículos que transitaban por las calles de las colonias Nopalera, La Conchita y Miguel Hidalgo, fundamentalmente. Se estima que en toda la delegación existen cerca de 15 mil unidades.

A los conductores que no acreditaron tener algún permiso delegacional para proporcionar ese servicio, carecían de licencia o tarjeta de circulación, casco o bien la motocicleta estaba relacionada con algún hecho delictivo, se les aseguró el mototaxi.

Una vez en poder de las autoridades, se procedió a separar la motocicleta o el carrito de golf de la calandria (parte donde se sientan los pasajeros) y en camiones de volteo fueron remitidos a depósitos vehiculares cercanos, entre ellos el de Tláhuac, Piraña (en el interior del Agrupamiento Fuerza de Tarea) y Santa Cruz Meyehualco).

Esta acción llevó a que algunos operadores de ese medio de transporte decidieran no trabajar este jueves para evitar que se les decomisara su unidad; en las calles, y aun cuando se percibía cierta tensión, hubo sólo tres casos de choferes de mototaxis que se negaban a entregar su unidad, por lo que fueron detenidos y presentados ante el juez cívico.

Respecto de este operativo, el titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Serrano Cortés, precisó que continuará en Tláhuac, y que se hará lo mismo en diversas zonas de la ciudad, pues se trata de un servicio totalmente ilegal, que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

Exhortó a sus propietarios a no impedir con violencia o tomando calles el retiro de su unidad de circulación, pues en unos instantes podrían convertirse en delincuentes, y como tal serían tratados, porque no existe ninguna posibilidad de regularizar este transporte, por el alto riesgo que representa para los usuarios, al alcanzar velocidades significativas.

Los interesados en recuperar sus unidades del corralón, donde suman casi 2 mil en los pasados tres años, deberán pagar de 17 mil a 50 mil pesos, por lo que llamó a las autoridades delegacionales a no dar autorizaciones y menos realizar padrones de una actividad ilegal.