Por la puerta de atrás y de manera disfrazada, el gobierno federal pretende legalizar la práctica del fracking o fracturación hidráulica del subsuelo mexicano para otorgar garantías a las empresas que pretenden invertir en proyectos de exploración y extracción de gas en la cuenca de Burgos, advirtieron representantes de comunidades indígenas, organizaciones sociales y campesinas, así como especialistas e investigadores de instituciones de educación superior, al exigir su prohibición.

Hace dos años la sociedad echó para atrás la reforma a la Ley Nacional de Aguas –conocida como ley Korenfeld, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua– en la que además de pretender privatizar el líquido se legalizaba el fracking.

Ahora, dicha práctica está contenida en una regulación secundaria llamada Lineamientos para la protección y conservación de aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, emitidos por Conagua y actualmente en revisión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su próxima publicación en el Diario Oficial de la Federación, denunciaron Rogel del Rosal Valladares y Rosa Esther Peña, de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Acusaron al gobierno federal de pretende facilitar la entrada de las petroleras, a costa de violar todos los derechos de las comunidades, como marca el Convenio 169 de la OIT y el artículo segundo de la Constitución Mexicana.