Malinaltepec, Gro.

Si el gobierno pretende imponer la explotación de una mina en nuestros territorios sagrados, solamente muertos nos van a sacar, advierten Luis Gálvez Ortega, comisario municipal, y Valerio Mauro Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso (o Júba Wajíin, cerro del muerto, en me’phaa), municipio de Malinaltepec.

En la improvisada comisaría de madera, Amado Solano sostiene: “No estamos jugando, estamos defendiendo muchas cosas. Primero, pensamos en nuestros hijos y en su bienestar. Esperamos que nadie nos pueda defraudar o destruir en el lugar en que hemos nacido. Además, no molestamos al gobierno federal ni al estatal.

Llevamos años sin obras del gobierno. En otras comunidades han arreglado las calles, el agua. Aquí, apenas ahora el alcalde está construyendo la comisaría. Nuestras calles están rotas, las que van a Ayutla de los Libres y a Tlapa. La avenida principal la hicimos nosotros, para ello vendimos nuestra madera, porque el gobierno no apoya. Nuestra lucha ha sido de brazo a brazo, explica.

El pasado 28 de junio la juez primera de distrito, Estela Plata Salado, emitió una sentencia en favor de la comunidad de San Miguel del Progreso que ordena a la Secretaría de Economía federal dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, que correspondía a las concesiones Reducción Norte Corazón de las Tinieblas, título 232560, y Corazón de Tinieblas, título 237861, las cuales fueron canceladas.

El presidente de los bienes comunales, Amado Solano, refiere que sólo en San Miguel del Progreso y sus seis colonias existen 4 mil 449 hectáreas de zona minera. Sabemos quiénes las quieren explotar. Para nosotros el fallo que dio la juez en favor de la comunidad fue de mucha importancia porque con eso no nos puede mover la minera.

Además, las minas contaminarían el agua de los cerros y hacia abajo todos los pueblos saldrían amolados, incluidos los grandes ganaderos de la Costa Chica. Lo que defendemos favorece a las comunidades de la Costa Chica y la Montaña alta; no queremos que nadie venga a contaminarnos, insiste Solano.

El líder comunero recuerda que para instalar el servicio de energía eléctrica en el poblado dieron a sus vecinos de Paraje Montero nuestro gasto (pago) de refrescos y cerveza.

En 1985 hicieron la carretera con recursos obtenidos de la venta de madera de pino, porque no hubo apoyo del gobierno. “La iglesia también la construimos (vendiendo) nuestros recursos naturales.

“Nos hacen falta más obras, pero ya no queremos vender (los recursos). Suspendimos la venta de ocote porque están quedando pobres los cerros y puede haber un deslave que acabe con todo.

Nuestros padres nos inculcaron que siempre hay que defender el lugar en que nacimos, y que nadie nos puede venir a pisotear. Nunca hubo un programa de gobierno, pero pobremente ellos pudieron defenderse.

Recalca: “No vamos a permitir que el gobierno mande a las mineras. Que no nos diga: ‘sálganse porque el gobierno ya negoció, ya pagamos por ustedes’. Vamos a defender nuestras tierras hasta el último instante de nuestra vida porque es la herencia de nuestros hijos y nietos”.

Aquí nacimos, crecimos y trabajamos. Somos pequeños productores de maíz, café y frijol; sin embargo, en el periodo 2016-2017 ya no tuvimos nada que vender porque la plaga de roya dejó puras barañas (ramas secas) y, como siempre, no tuvimos apoyo del gobierno. Por lo menos tuvimos yerbas para comer, como quelites. Por eso no queremos que se contamine el agua con las minas.

En la carretera Tlapa-Marquelia, en la Montaña alta de Guerrero, un letrero escrito en una flecha de madera dice: Bienvenido a territorio comunitario de San Miguel el Progreso. Para llegar a Malinaltepec por Chilpancingo, capital del estado, hay que atravesar los municipios de Tixtla, Chilapa, partes de Acatepec y Atlixtac hacia Tlapa, y de ahí a San Miguel del Progreso. Son tres horas más en vehículo.

A diferencia de los municipios de la Tierra Caliente, como San Miguel Totolapan o los de Chilapa, Zitlala, Acapulco, Iguala y Chilpancingo, donde persiste una violencia cotidiana, en Malinaltepec y gran parte de la Montaña Alta y la Costa Chica, la fuerte presencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) ha logrado que sus miles de habitantes tengan más seguridad.

Mientras en Arcelia, Cocula, Teloloapan, Taxco, Huitzuco o Eduardo Neri, entre otros municipios, se han asentado mineras canadienses, inglesas o de empresarios mexicanos, además de las bandas de la delincuencia organizada, en Malinaltepec los pueblos rechazaron en asambleas comunitarias la presencia de consorcios extranjeros.

A la compañía minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining la Secretaría de Economía federal le otorgó dos concesiones: Reducción Norte de Corazón Tinieblas y Corazón de Tinieblas, para explotar yacimientos de oro y plata por más de 50 años en 59 mil hectáreas de al menos cinco municipios de la Costa y la Montaña alta.

El proyecto afectaría los núcleos agrarios indígenas de Totomixtlahuaca y Tenamazapa, municipio de Tlacoapa; San Miguel el Progreso y Tilapa, en Malinaltepec; Tierra Colorada y Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán; así como en Iliatenco y Acatepec.

El 12 de abril de 2014 en Malinaltepec, autoridades municipales y agrarias de cuatro municipios de la Montaña y la Costa Chica, que integran el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, rechazaron a las mineras. Después supieron que la Secretaría de Economía ya había entregado cuatro concesiones de explotación a Hochschild Mining México y a la canadiense Camsin Minas, para la explotación de oro, plata y zinc.

En 2010, la CRAC-PC denunció que los consorcios referidos iniciaron trabajos de exploración en al menos 50 kilómetros cuadrados de los municipios de de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec y Zapotitlán Tablas, de la Montaña y la Costa Chica.

Ese año iniciaron explotación a cielo abierto las mineras Los Filos-El Bermejal en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, y la empresa Media Luna exploraba Cocula y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, lo mismo hacía Explo Sierra en Quechultenango y Mochitlán. Todos estos territorios están controlados por el crimen organizado.