El gobierno de Estados Unidos entregó a México a seis prófugos relacionados con delitos como homicidio, secuestro y abuso sexual.

La Procuraduría General de la República (PGR), por medio de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y del Sistema de Agregadurías, informó que gracias a los mecanismos de coordinación entre las áreas de procuración de justicia de ambos países los imputados fueron repatriados entre el 17 y 20 de julio por distintos cruces fronterizos y una vez en México se cumplimentaron las órdenes de captura en su contra.

Rogelio Hilario R, implicado en abuso sexual, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en cumplimiento de una orden de captura librada por el juez de primera instancia penal del partido judicial de Tecate, Baja California.

Fue entregado, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de San Diego, California, por el cruce fronterizo entre San Ysidro-Tijuana, puerta de entrada de El Chaparral, para ser puesto a disposición de las autoridades que lo reclaman.

Rey David B fue detenido por la AIC al ingresar a México por el puente internacional Lincoln-Juárez, que comunica Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas, para su posterior puesta a disposición de las autoridades que lo reclaman.

El inculpado se encontraba bajo custodia de las autoridades estadunidenses cumpliendo una condena impuesta por delitos federales, y en México se le buscaba por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

Alejandro R fue detenido en cumplimiento de la orden de captura librada en su contra por el juez primero de primera instancia del ramo penal en Nogales, Sonora, pues se le acusa de homicidio calificado con alevosía.

A Miguel Ángel G, José Manuel S y Eduardo C se les vincula con homicidio calificado; los dos primeros tenían orden de captura girada por jueces de San Luis Potosí, y al tercero por un juzgado de Querétaro.

La PGR manifestó la estrecha colaboración entre México y el gobierno de Estados Unidos en el combate a la delincuencia, para evitar que el límite territorial entre ambas naciones sea utilizado por quienes intentan evadir la justicia.