El gobierno federal se ha mostrado omiso y resistente para establecer un consejo asesor contra la impunidad, formado por expertos en la defensa de las garantías fundamentales y justicia, tal como recomendó hace más de un año el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein, señalaron más de cien organizaciones de la sociedad civil.

Por ello, enviaron una carta al Alto Comisionado a fin de que intervenga para que las autoridades mexicanas aceleren la creación de ese organismo, que es una de las 14 recomendaciones que esa instancia internacional realizó al gobierno mexicano en marzo de 2016.

‘‘Le escribimos con preocupación ante lo que parece, una contundente resistencia por parte del gobierno de México, a implementar la primera recomendación que usted dirigió al Estado en marzo de 2016, después de su visita a México. A más de un año de que usted recomendara establecer un consejo asesor compuesto por personas expertas en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar a las autoridades mexicanas sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país, la administración de Enrique Peña Nieto no ha mostrado ningún avance en la implementación de la misma’’.

La misiva es suscrita por organismos como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Miguel Agustín Pro Juárez, Diocesano Fray Juan de Larios, Idheas Litigio Estratégico y la Red Nacional de Organismos Civiles ‘‘Todos los Derechos para Todas y Todos’’, entre otras, en ésta señalaron: ‘‘Pese a reiterados esfuerzos por parte de la sociedad civil mexicana en establecer un diálogo y ruta metodológica para el establecimiento del consejo asesor recomendado, hasta el momento las autoridades mexicanas se han mostrado omisas e incluso resistentes para dar seguimiento a dicha recomendación’’.

También lamentaron que las otras 13 recomendaciones realizadas por el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos tampoco sean atendidas. ‘‘Por el contrario, nos sigue preocupando la adopción y opacidad con las que se discuten una ley de seguridad interior, una contrarreforma al sistema de justicia penal, así como un marco reglamentario en torno al nombramiento de una persona a cargo de la nueva fiscalía general de la República.

‘‘Los objetivos de dichos marcos normativos que se pretenden adoptar van en contrasentido con sus recomendaciones en torno a la debida investigación de graves violaciones a los derechos humanos, a la limitación de la jurisdicción militar en casos de violaciones de garantías, a la de seguridad pública en línea con los derechos humanos, a la adopción de una ley nacional sobre el uso de la fuerza, a la autonomía de las instituciones forenses, así como a la independencia de las instituciones de administración y procuración de justicia’’, concluyen