Ninguna de las personas señaladas por presuntas vejaciones, como abusos a menores por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, director de las casas del albergue Ciudad de los Niños, ha sido detenida o por lo menos llamada a declarar como testigo.

Funcionarios de la procuraduría de justicia de Guanajuato –entidad donde se ubican cinco de los albergues del cura– señalaron lo anterior durante una reunión con representantes del gobierno federal e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, en la que se analizó el caso y la posibilidad de que éste sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR).

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), presente en el encuentro, indicó que las autoridades locales dieron a conocer el trabajo que han realizado en torno a las denuncias contra Gutiérrez Farías, quien, se ha denunciado, está protegido por funcionarios estatales y hasta por el ex presidente Vicente Fox.

“Trataron de sustentar que el amparo –promovido por el sacerdote hace un año– es resultado de las acciones que ellos realizan desde mayo de 2016. Lo inexplicable es que el DIF estatal tomara el control del albergue de Salamanca hasta que el caso se hizo mediático, hace unos días”, enfatizó Pérez García.

Procurador ausente de reunión

Durante la reunión, convocada por Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, el director de la Redim manifestó preocupación porque en el expediente ministerial no aparezcan como indiciados probables responsables o testigos ni el sacerdote ni ninguno de los señalados. Lamentó la ausencia del procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre.

Hace unos días se difundió el caso, gracias a la sentencia de una juez en la que se acreditaban las vejaciones y se señalaba como probables responsables, además del cura, a su ayudante Leandro Martín Bermúdez Armenta y a las monjas Hortensia Jiménez Cruz, Xóchitl Chávez Sánchez y Esmeralda de Jesús Suárez Bertury.

El activista mencionó que desde 2009 hay denuncias contra el clérigo por este tipo de abusos a menores, las cuales, dijo, ameritan una investigación. Sin embargo, los funcionarios de Guanajuato comentaron que dichas acusaciones ya se habían agotado; en esto se ve la sospecha de la protección, comentó. En noviembre pasado, agregó, el propio Fox inauguró un albergue dirigido por el presbítero.

Pérez García dijo que es positivo que la PGR haya convocado a ese encuentro y anunció que como parte del seguimiento a las víctimas, el próximo martes habrá otra. Subrayó que se abrieron posibilidades para que la dependencia investigue los hechos, y algo que abonó fue la atracción del caso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace unos días.

“Uno de los temas centrales que colocamos fue el mensaje de impunidad que dejó el caso de Mamá Rosa –hace tres años–, a fin de que no se repita. Esos hechos ya los estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la atracción de la PGR sería un mensaje de que hay voluntad para la que no se repitan”.