Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación, anuncia ajustes indispensables al nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo, para llevar a prisión a quien porte armas ilegalmente.

Hoy hay más armas en la calle, y una forma idónea de tratar de contener el incremento de la violencia es, precisamente, estableciendo la prisión preventiva como medida cautelar para quien las porta. Esto no es una contrarreforma, como muchos afirman, sino un ajuste natural, como ha sucedido en todos los países latinoamericanos cuando entra en vigor el nuevo sistema, señaló.

El ajuste sería por conducto del Congreso de la Unión, pero eso no implica cambios constitucionales, subrayó.

Unidades de medidas cautelares

Las pretendidas modificaciones incluirán ampliar el catálogo de delitos que ameritan cárcel, pero, sobre todo, nuevas reglas para las unidades de medidas cautelares, fundamentales para la eficiencia del sistema porque su tarea es dar sustento a un elemento central: si la persona debe ir a prisión.

Sin embargo, actualmente sólo tres de 32 entidades federativas cuentan con esas unidades en condiciones aceptables de operación.

En contraparte, tres estados carecen de ellas o improvisan la función con personal de otras áreas, cuatro tienen condiciones mínimas de operación y 22 muestran debilidades, tanto en infraestructura como equipamiento, de acuerdo con datos del SNSP.

Por tanto, dijo el funcionario, es necesario fortalecer las unidades, al tiempo que se hacen las reformas legales necesarias.

Vizcaíno es especialista en derecho penal, tanto en el ámbito académico como en la generación de políticas públicas en la materia. Ahora es el responsable de guiar la implementación del nuevo sistema, cuyo periodo de aplicación (2008-2016) –explicó– estuvo centrado en la integración de las salas de juicios orales y quedó en segundo término el fortalecimiento de las unidades.

Pese a lo anterior, asegura, el sistema actual sí funciona, pero, como todo lo nuevo, necesitará arreglos a piezas que no fueron implementadas adecuadamente. Por ahora, México se topó con una puerta giratoria, una rendija que facilita la salida –o que no se encarcele– a aquellos a quienes se les sorprende en posesión de un arma de alto poder, pese a un contexto de mayor violencia.

Según datos de la Secretaría de Gobernación, el número de homicidios dolosos con arma de fuego se incrementó más de 400 por ciento de 1997 a la fecha. Tan sólo los cinco años pasados, el aumento fue de 12 puntos porcentuales.

Hace 20 años se registraron 16 mil 886 episodios de ese tipo de los cuales 2 mil 522 se cometieron con arma de fuego; al inicio de este sexenio (2013), la estadística del SNSP muestra 18 mil 332 homicidios dolosos de los que poco más de la mitad se ejecutaron igualmente con armas de fuego.

En 2016, con un registro de 20 mil 549 muertes intencionales, 12 mil 604 fueron perpetradas del modo señalado; en los primeros cinco meses de 2017, de un acumulado histórico de 9 mil 916 homicidios dolosos, 6 mil 519 también se cometieron con arma de fuego.

Sin embargo, el nuevo sistema permite actualmente que quien sea sorprendido en posesión de un arma pueda seguir su proceso en libertad, de no haber otros agravantes.

Esa circunstancia ha sido señalada por los responsables de la estrategia de seguridad del país como una de las causas del repunte histórico de asesinatos (en mayo pasado se registraron 2 mil 186 expedientes de homicidios dolosos).

Vizcaíno anuncia cambios al nuevo sistema, pero al mismo tiempo defiende las bases y pide confianza hacia el modelo porque se trata de un entramado más transparente, menos costoso y con juicios públicos.

–¿Qué piezas no se implementaron adecuadamente?

–La que más está haciendo falta ahora y está en el centro del debate de la prisión preventiva como medida cautelar, son las unidades de medidas cautelares (determina, por ejemplo, si un implicado puede darse a la fuga o reincidir). El análisis de riesgo que hacen las unidades debe ser entregado a fiscales y defensores, quienes debaten frente al juez de control, quien, a su vez, decide la medida cautelar idónea, de las 14 que tiene el código nacional, entre las que está la prisión preventiva.

–¿Por qué es importante no dejar libre al portador de armas?

–Se ha reiterado la importancia de que la portación y acopio de armas merezca prisión preventiva oficiosa porque hay que considerar que, en general, su posesión es transversal a la comisión de cualquier delito violento y a la gran mayoría de dolosos.