Cuernavaca, Mor.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe alrededor de 80 millones de pesos a los ejidatarios de Chipitlán por los terrenos que ocupó para construir el Paso Exprés, donde el 12 de julio se abrió un socavón que acabó con la vida de dos personas, afirmó Francisco Javier Atlixco Meneses, presidente de bienes ejidales de este poblado.

Agregó que para ampliar la Autopista del Sol México-Acapulco de cuatro a 10 carriles la SCT ocupó casi 22 hectáreas ejidales; pagó 15 y debe siete. Esos terrenos van del puente de Tabachines hacia el de Apatlaco, añadió Atlixco Meneses.

En el ejido de Chipitlán hay 104 ejidatarios. Parte del dinero que recibieron por la venta de los terrenos se destinó a obras en la localidad y a mejoras en los ejidos que aún se cultivan.

Ante la falta de pago, los ejidatarios solicitaron audiencia con el nuevo delegado de la SCT en Morelos, Héctor Castañeda Molina, pues el anterior, José Luis Alacrón Ezeta, fue despedido luego del accidente en que perecieron dos personas, por un socavón en el kilómetro 93 de la Autopista del Sol.

Atlixco Meneses advirtió que si la SCT se niega a pagar no los dejarán concluir el puente vehicular de Apatlaco, obra que también abarca tierras ejidales.

Respecto al hundimiento en el Paso Exprés, obra inaugurada apenas en abril por el presidente Enrique Peña Nieto, el ejidatario responsabilizó a la SCT y a las constructoras Aldesem, de Grupo Aldesa, y Epccor.

Exigió a la SCT que inspeccione las cinco viviendas que las obras dejaron incomunicadas en la ampliación de la calle Amador Salazar, donde se quedaron sin acceso vehicular.

Esos terrenos también son ejidales, pero no forman parte de las casi 22 hectáreas vendidas a la dependencia federal; sin embargo pidió que también se indemnice a las cinco familias.

Les quitaron accesos para autos y dejaron una acera de apenas 50 centímetros de ancho

Rubicela Morelos Corresponsal

Cuernavaca, Mor.

La construcción del Paso Exprés nos arruinó la vida, afirma Leobardo Pedraza, integrante de una de las cinco familias que quedaron incomunicadas cuando se construyó el muro del libramiento de la Autopista del Sol.

Con la ampliación de la autopista de cuatro a 10 carriles, Leobardo tuvo que cerrar su negocio de cantera, el cual durante 20 años le permitió obtener ingresos con la venta de productos a pie de carretera; ahora, dice, ya no podrá pagar los estudios de sus hijos mayores.

Antes de la ampliación de la autopista, estas familias tenían acceso a sus viviendas. Ahora, las constructoras Aldesem, de Grupo Aldesa, y Epccor, les dejaron sólo una banqueta peatonal de 50 centímetros a las puertas de sus viviendas, situación que los pone en riesgo.

Las cinco familias poseen constancias ejidales, pues compraron a ejidatarios los terrenos donde edificaron sus casas y han vivido allí desde hace 30 años; algunos tienen hasta medio siglo, contó.

Además de impedirles la entrada y salida a sus casas, las obras del Paso Exprés también cuartearon sus viviendas y las pusieron en riesgo porque las constructoras abrieron una zanja de más de metro y medio de profundidad frente a las viviendas para que escurrieran las aguas pluviales, explicó Pedraza.

Dijo que al inicio de las obras los vecinos solicitaron a la SCT que les dejaran abierto un acceso a sus viviendas, y la respuesta fue que los vecinos afectados no tenían derecho a un paso vehicular sobre la autopista.

Dos negocios arruinados

Pedimos que nos indemnicen, porque el hecho de no tener entrada y salida acabó con nuestra economía. Yo vendía piezas de cantera y ahora nadie me compra porque no pueden entrar en carro hasta acá, y a pie nadie pasa por aquí, lamentó.

Debido a la falta de ventas, agregó, nuestra economía está muy mal; apenas nos alcanza para medio comer. Sobrevivimos de unos pagos pendientes de mi negocio, y cuando eso se acabe, no sé cómo le vamos a hacer.

Agregó que la falta de recursos lo pondrá en aprietos para pagar la educación de sus hijos, una joven de 20 años y un varón de 18. La mayor ya estaba terminando su licenciatura y el otro está en la preparatoria.

Otro negocio familiar afectado es el José Edil Salazar Sánchez, vecino de la calle Ampliación Amador Salazar, en el ejido de Chipitlán. Su taller de cerámica se inundó y quedó arruinado a causa de un derrumbe ocasionado por las obras del Paso Exprés.

El taller lo inició la madre de Salazar Sánchez en 1978; él se hizo cargo en 1998 y desde entonces formaba parte del sostén familiar. Actualmente el paso a su casa y taller quedó bloqueado por una barda de los cimientos del Paso Exprés.

Su horno, valuado en unos 100 mil pesos, quedó bloqueado y centenares de piezas de cerámica se echaron a perder porque ya no le permiten el paso a la pipa de gas que abastece de combustible al taller.

De ocurrir otra desgracia como la del 12 de julio, cuando cayeron dos personas con su automóvil al socavón que se abrió en el Paso Exprés, ahora que se caiga una casa o atropellen a uno de nuestros familiares, hacemos responsables al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, manifestaron los afectados.