Durante los pasados ocho meses se han cometido 11 homicidios de periodistas en México. De las pesquisas que se han realizado, sólo en los casos de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea, y de Maximino Rodríguez, quien colaboraba en el Colectivo Pericú, un blog de denuncia ciudadana y noticias sobre corrupción, abusos y casos de discriminación, de Baja California Sur, se presentaron sospechos, quienes fueron puestos en libertad.

En el caso del corresponsal de esta casa editorial Javier Valdez y de los otro ocho reporteros asesinados no hemos conocido avances de las investigaciones; aun así las autoridades federales permanecen en la indiferencia, sostuvo Brenda Velázquez, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados.

Ayer, la comisión referida sostuvo una reunión con el fiscal Especial para Periodistas de Chiapas, Carlos Tovilla, y el de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech. La diputada Velázquez denunció amenazas, intimidaciones, ataques físicos y privación de la libertad a comunicadores en Chiapas, Quintana Roo y Ciudad de México.

Se refirió al tema de Chiapas, donde se tiene conocimiento de ocho amenazas e intimidaciones, cinco ataques físicos o materiales y dos por abuso de autoridad, así como una privación de libertad.

En Quintana Roo se reportaron cuatro ataques físicos y una privación de la libertad. Y en Ciudad de México dijo que la Procuraduría General de Justicia de esta entidad registró dos abusos de autoridad, siete amenazas y cuatro robos, por lo que pidió al titular de la fiscalía información sobre los avances de cada caso y el asalto cometido a las oficinas del medio digital en Directo.com.mx, acontecido el pasado 11 de julio.

En su turno, Virgilio Caballero (Morena) advirtió que los periodistas están ante un problema gravísimo, en el que la autoridad no da respuesta y no reacciona. Los comunicadores reclaman ya casi con gritos desde hace años y la situación sigue sin variar; cada vez son más las agresiones y los asesinados de este gremio.

Para el priísta César Alejandro Domínguez algo que falta en los informes de las fiscalías es el tema de prevención, lo importante es evitar que se den casos de vulneración de derechos de los comunicadores y defensores de derechos humanos. Si sabemos qué escribe cada periodista y si sabemos que son circunstancias complejas en estados donde se acentúa la delincuencia organizada, como en Quintana Roo, o que cubren ese tipo de notas, ¿por qué no anticiparnos y brindar mecanismos de protección?.

Para Margarita Vázquez Sánchez, fiscal central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, de Ciudad de México, es imperioso legislar el delito de amenaza en las redes sociales.

La funcionaria refirió que del robo a la oficina de Joaquín López Dóriga se logró detectar que fueron cuatro sujetos los que intervinieron, por lo que se avanza en cada una de las líneas de investigación.

Y en el caso de Carmen Aristegui dijo que se investigaron todas y cada una de las líneas proporcionadas por Fernando Luis Canales, resultando ninguna verídica, aunque se le otorgaron medidas de protección posteriormente por amenazas recibidas.