El número de periodistas incorporados al mecanismo de protección para los integrantes de este gremio continúa en ascenso, indicó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa, al tiempo de pedir a los comunicadores informar cuando perciban alguna señal de alerta que pudiera resultar en agresión.

La cifra más reciente de beneficiarios del mecanismo, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos, refiere 556 personas. En los próximos días se reunirá la junta de gobierno del mecanismo y se dará a conocer un nuevo reporte.

“Hemos tenido un incremento muy importante, muy considerable. El objetivo es tener en todo el país un aparato para identificar riesgos, no sólo de fuentes abiertas. En los homicidios en marzo, abril y mayo, prácticamente en todos los casos hubo algún foco que se prendió, pero la situación se pudo haber resuelto con un monitoreo eficiente”, comentó en entrevista.

De manera paralela al ofrecido fortalecimiento del esquema (la semana pasada concluyó un curso de capacitación, de 40 horas de duración, para quienes se encargarán de esta tarea en las unidades estatales), el gobierno federal promete la aplicación de recursos suficientes para beneficiario, que podrán contar, según la gravedad y urgencia del caso, con herramientas de videovigilancia y comunicación e incluso custodia permanente, chalecos antibala, autos blindados o cambio de residencia.

El subsecretario aseguró que hay avances en la investigación de los homicidios recientes de periodistas.

Javier Valdez, escritor y corresponsal de La Jornada en Sinaloa, fue asesinado hace dos meses, el 15 de mayo, mientras el homicidio de Miroslava Breach, también corresponsal de este diario, pero en Chihuahua, ocurrió el 23 de marzo.

Se resolvió ya uno de estos casos, el de Max Rodríguez, periodista de Baja California Sur (ultimado hace tres meses). A partir del trabajo coordinado de instancias locales y la Procuraduría General de la República se dio con los responsables y fueron consignados ante la justicia.

Por la información solicitada –subrayó–, se sabe que hay avances importantes en los casos de Salvador Adame, de Michoacán, Javier y Miroslava.

El tiempo sigue pasando y hay exigencia de periodistas y familiares, pero tengo la convicción de que hay avances en este trabajo conjunto con la PGR y habrá información relevante en los siguientes días, sostuvo.

La prioridad en el área, agregó, es el fortalecimiento del sistema de protección a defensores y periodistas. Estos dos meses se ha trabajado para contar en los estados con estructuras que permitan identificar oportunamente los riesgos, coordinar las medidas de protección con el mecanismo nacional y allegar la información necesaria para hacer los análisis de riesgo. Hoy, en todas las entidades federativas hay personal para ello, concluyó.