A unos días de que entre en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), especialistas advirtieron que la ceguera política predomina en su diseño y consideraron que se aplazan designaciones, como la de fiscales general y estatales, para usar el combate a la corrupción como tema de campaña en 2018. En muchos estados (están) aprovechando para blindarse, apuntó Lourdes Morales, de la Red de Rendición de Cuentas.

Sostuvo que hay muchas resistencias para la rendición de cuentas en el país y que en los estados no está claro el mecanismo de vigilancia y de criterios para el nombramiento de fiscal anticorrupción, como tampoco está definida la autonomía de decisión de la persona que ocupe este puesto y que se encargará de procesar los delitos graves de corrupción.

Lo mismo pasa con los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que durarán en el cargo entre 10 y 15 años y deberán procesar las faltas administrativas graves. Puso como ejemplo el estado de México, donde se nombraron personas con claros vínculos político-partidistas, que tuvieron cargos en la administración anterior. Están haciendo su blindaje de impunidad desde los nombramientos, resaltó la especialista.

Consideró que más que estar preocupados por cumplir con el plazo legal –el SNA inicia operaciones el miércoles 19– es muy importante ver el contenido, las disposiciones que hay para que quede un andamiaje lo suficientemente bien construido y empiece a operar la política anticorrupción que el país requiera.

Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de Nosotrx, resaltó la importancia de que la ciudadanía conozca el sistema y las leyes que lo componen, independientemente de la irresponsabilidad de nuestros grupos políticos y nuestros legisladores, al no haber nombrado al fiscal ni a los magistrados.

Insistió que más allá de la disputa política, los ciudadanos deben tener claro que con la entrada en vigor del sistema pueden denunciar penalmente casos de corrupción ante la fiscalía o la Procuraduría General de la República, y en caso de que estas instancias no atiendan las querellas, llevarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También pueden presentar quejas por faltas administrativas ante la Secretaría de la Función Pública o solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación por mal uso de recursos públicos.

El especialista indicó que se deben evitar las cuotas partidarias en los nombramientos. Si existe compadrazgo, impunidad o cartas de cambio para nombrar al fiscal o a los magistrados, tenemos que señalar ese conflicto de intereses. Incluso, aunque no creo que sea así, podría ser uno de los primeros casos del Sistema Nacional Anticorrupción, indicó.

Subrayó que la situación de los sistemas estatales está peor aún que el nacional, porque hasta ahora sólo Querétaro ha cumplido a cabalidad.

Resaltó que aún faltan Chihuahua y Veracruz de modificar su Constitución para integrar los sistemas estatales anticorrupción, 13 entidades aún no tienen ley del sistema, sólo Querétaro ha integrado un comité de participación ciudadana y únicamente Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Sonora han nombrado fiscal anticorrupción estatal. Además, sólo cinco entidades han integrado tribunales estatales de justicia administrativa.