La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) señaló que urge reformar el artículo 130 constitucional y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento, pues las actuales restricciones que imponen a los ministros de culto violan sus derechos humanos y políticos.

En conferencia de prensa el pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternice, indicó que casos como el del sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien fue demandado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto que posteriormente se desistió de su alegato legal, pone de manifiesto la necesidad de que los ministros de culto puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.

Comentó que él mismo fue objeto de investigación en los procesos electorales de 2006 y 2012, pero las autoridades no acreditaron que hubiera violado la ley.

El religioso indicó que la Confraternice está dispuesta a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer esta situación, ello luego de agotar las instancias nacionales.

Remarcó que con la legislación actual se violan los derechos humanos de 100 mil ministros de culto de todas las confesiones religiosas existentes en el país.

En tal sentido llamó a que abandonemos prejuicios del siglo XIX, superemos acontecimientos históricos rebasados y nos incorporemos al mundo contemporáneo garantista y de vanguardia. Así como respetan los derechos de minorías o los derechos políticos de candidatos independientes, también protejan los derechos de 100 mil ministros de culto, ciudadanos mexicanos que aportamos cotidianamente a la construcción de un México de paz, integridad y con justicia social.

Dijo que un cambio en la legislación no rompe con el principio histórico de separación del Estado y las iglesias, no quebranta la laicidad, sino que por el contrario refuerza la democracia.