El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, solicitó formalmente a la Cámara de Diputados retirar el fuero constitucional que protege a Alberto Silva Ramos, a quien se le acusa de un desvío de mil 500 millones de pesos cuando fue vocero del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Al mediodía de ayer, el titular de la Fiscalía General de Veracruz presentó el expediente a la Secretaría General de la Cámara, que deberá enviarlo a la sección instructora.

La solicitud resalta que en contra de Silva Ramos se abrieron carpetas de investigación en la fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores púbicos, con motivo de las conductas realizadas durante su encargo, derivadas del ejercicio irregular de sus funciones como coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado.

En sus documentos, la fiscalía le atribuye la presumible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición, entre el 20 de febrero de 2014 y el 5 de enero de 2015, y el 6 de abril de 2016 y el 17 de octubre de 2016, cuando fungió como vocero de Duarte.

La fiscalía pidió retirarle el fuero para que el priísta pueda responder principalmente por ordenar pagos a medios de comunicación y no reportar los gastos ante el Congreso estatal por mil 567 millones de pesos, sin contar con suficiencia presupuestal, por lo que se presume el desvío de recursos públicos.

A Silva Ramos, el gobernador Miguel Ángel Yunes lo ha señalado de utilizar recursos del gobierno del estado para armar una campaña mediática en su contra, durante el proceso electoral de 2016.

Con la demanda de desafuero contra Silva Ramos, es la segunda petición de juicio de procedencia que la Fiscalía General de Veracruz presenta contra un ex colaborador de Duarte, sujeto a un proceso de extradición a México.

La sección instructora tiene pendiente resolver el desafuero de Tarek Abdalá Saad, quien fue tesorero de Duarte y está acusado de un presunto desvío por 23 mil millones de pesos. La fiscalía le imputó la probable comisión de peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.