La Comisión Permanente pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que le envíe un informe detallado del estado que guardan las más de 700 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de funcionarios púbicos por afectaciones al patrimonio nacional.

El perjuicio al erario es de más de 221 mil millones de pesos, monto equivalente al costo inicial del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o a cinco años del presupuesto destinado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

David Monreal, senador del Partido del Trabajo (PT), presentó el punto de acuerdo, cuyo dictamen fue aprobado ayer por el pleno. El petista destacó en su propuesta que hasta mayo pasado había más de 700 denuncias presentadas por la ASF en la PGR, más las 300 o 400 que se sumarían este año.

Monreal detalló que el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, al presentar los resultados de la Cuenta Pública 2015, refirió que de las 700 denuncias presentadas en los pasados tres años, la PGR sólo ha resuelto 30, por la excesiva carga de trabajo que tiene la PGR.

Abundó en su propuesta que el rezago judicial, en el contexto del mal uso de recursos públicos, ha derivado en que se dejen de recuperar 221 mil millones de pesos.

El petista expuso que parte de las responsabilidades por las cuales no se ha podido hacer una recuperación óptima del gasto no comprobado es el rezago con el cual se conduce la PGR en materia de investigación, aunque haya un trabajo eficiente de la ASF para denunciar anomalías en la Cuenta Pública, poco servirá para la recuperación de recursos a favor de la Hacienda Pública, si no hay una estructura institucional sólida, la cual sólo se puede lograr consolidando el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y designando al fiscal en la materia.

Dolores Padierna, coordinadora de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), resaltó ante el pleno: “al 11 de mayo pasado, había 769 denuncias interpuestas ante la PGR por parte de la ASF, y sólo 3.3 de las denuncias, es decir 19, fueron consignadas. Hay una impunidad de 97 por ciento.

La diputada del PRD Maricela Contreras subrayó en tribuna: en 19 años de fiscalización sólo existen 19 consignaciones de funcionarios públicos en contraste con las más de 700 denuncias presentadas hasta mayo pasado; tenemos una sanción por año contra servidores que no son precisamente los de más alto rango, sino se van contra chivos expiatorios.