El Estado mexicano debe realizar una investigación exhaustiva e independiente en torno a las denuncias sobre supuesto espionaje ilegal a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, entre ellos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa, en la que habrían incurrido dependencias de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Así lo expresó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual también manifestó su preocupación por estos hechos. Al momento de los ataques denunciados, las víctimas investigaban e informaban sobre hechos de marcado interés público y/o desarrollaban acciones de defensa de graves violaciones a los derechos humanos, remarcó ayer en un posicionamiento al respecto. La relatoría aseveró que la vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación tanto por motivos políticos, como para conocer sus fuentes de información.