n Los Pinos están locos de contentos, porque a lo largo de la administración peñanietista el empleo formal muestra un crecimiento no reportado en un periodo similar desde que llevamos registro hace 30 años (EPN dixit), lo cual es correcto. Sin embargo, es tal la felicidad que ello provoca, que en la residencia oficial sólo se fijan en la cantidad y no en la declinante calidad de esas plazas laborales, cada día más precarizadas.

La estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), avalada por el Inegi, registra que en 55 meses de estadía en Los Pinos (primero de diciembre de 2012 a 30 de junio de 2017) los empleos formales generados por el sector privado sumaron 2 millones 839 mil 122, de los que 87.5 por ciento son permanentes y el resto eventuales urbanos y del campo. Sin duda es un monto importante… pero a todas luces insuficiente, pues en la desocupación se mantienen alrededor de 2 millones de mexicanos.

Aquí es necesario recordar una de las promesas del gobierno en turno: a principios del sexenio el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que la reforma laboral del cierre calderonista permitiría formalizar 400 mil empleos por año, de tal suerte que de ser correcta tal afirmación y, sobre todo, real, entonces de las casi 3 millones de plazas presumidas por EPN un millón 834 mil (64 por ciento del total) serían empleos existentes, pero formalizados. Podría ser lo contrario, desde luego, es decir, que todas esas plazas son de nueva creación y que, por lo mismo, la citada reforma ha sido un sonado fracaso.

Pero ni Los Pinos ni las instituciones referidas aclaran el punto. En octubre de 2012 el inquilino saliente de Los Pinos, Felipe Calderón, y el entrante, Enrique Peña Nieto, pactaron una reforma laboral (cuyo verdadero objetivo fue legalizar el outsourcing, que creció como la humedad) que, entre muchas otras cosas, se comprometía a la formalización de 400 mil plazas informales al año. Y en este contexto Navarrete Prida ha declarado que tal reforma ha sido rotundamente exitosa; entonces, si se le da credibilidad al funcionario, casi 2 millones de los empleos presumidos por EPN no se generaron; simplemente se formalizaron, y el resto (casi un millón adicional) sí serían nuevos, aunque todos ellos de pésima calidad.

La información temática más reciente (Inegi) revela que alrededor de 33 millones de mexicanos con ocupación (65 por ciento del total) obtienen ingresos máximos de hasta tres salarios mínimos (240 pesos por día), aunque el grueso de ellos se ubica entre uno y dos (de 80 a 160 pesos diarios). Aparte quienes no reciben ingreso (alrededor de 6 millones adicionales), a pesar de ser tipificados como ocupados, y los desocupados (casi 2 millones más). Y los de mayor ingreso (cinco salarios mínimos y más) apenas representan 5.2 por ciento del total (2 millones 700 mil personas).

Ese es el mapa laboral del país –formalizado y no–, en el que 65 de cada cien mexicanos ocupados obtienen salarios de miseria (por mucho que panistas como Ernesto Cordero aseguren que con 6 mil pesos al mes se vive de maravilla), mientras la minoría de trabajadores acaudalados (cinco salarios) reciben 12 mil pesos mensuales.

Pero nadie le quita el gusto a EPN y sus muchachos por las casi 3 millones de plazas laborales en lo que va del sexenio (empleo que no genera el gobierno, sino la iniciativa privada). En esos 55 meses de administración peñanietista cerca de 2 millones 400 mil mexicanos por primera vez se incorporaron a la población económicamente activa, y si bien en el periodo oficialmente la desocupación se redujo (de 2.5 a 1.9 millones, en números cerrados), la generación y/o formalización de plazas laborales no alcanza para reducir sustancialmente el rezago histórico.

Tiene razón el inquilino de Los Pinos cuando presume que nunca antes se había creado tanto trabajo a estas alturas de un sexenio; de hecho, en cuatro años y medio de esta administración se crearon más empleos que en los seis años completos de cualquiera de las administraciones anteriores. Sí, pero más precarios que con Calderón y Fox, los cuales de por sí tenían esa condición.

Como se menciona líneas arriba, en 55 meses de gobierno peñanietista el registro oficial reconoce 2 millones 839 mil 122 empleos formales adicionales (permanentes y eventuales). En el mismo periodo, pero con Felipe Calderón en Los Pinos (el autodenominado presidente del empleo), el número de nuevas plazas formales (siempre de acuerdo con la estadística del IMSS) sumó un millón 109 mil (44 por ciento de ellas eventuales) y con Vicente Fox y Martita en la residencia oficial el resultado fue desastroso, pues en igual lapso el número de plazas formales a duras penas sumó 133 mil 519.

Así, en la escalera de los últimos tres gobiernos (dos panistas, un priísta) la administración peñanietista se ubica en el peldaño número uno; le sigue la calderonista y hasta abajo la parejita presidencial. En total, esta tercia –siempre de acuerdo con la estadística oficial– aumentó en poco más de 4 millones el número de empleos formales y aún así el déficit de plazas brilla por su volumen.

Sin embargo, tan sólo entre noviembre de 2006 (final del gobierno foxista) y marzo de 2017 (en plena administración peñanietista) la población económicamente activa del país se incrementó en poco más de 8 millones de personas, de tal suerte que en ese periodo sólo la mitad de ellas se coló al mercado formal y/o formalizado, mientras el resto se rasca como puede en la informalidad.

Entonces, sí, qué bueno por el número de plazas, pero ni de lejos alcanzan para celebrar, porque el rezago histórico es descomunal y más que notoria la precarización de las existentes.

Las rebanadas del pastel

El pasado 5 de abril, en pomposa ceremonia encabezada por Peña Nieto (a su lado, como perrito faldero, el inefable Graco Ramírez), se inauguró el Paso Exprés de Cuernavaca, una obra que, de acuerdo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, garantiza una durabilidad de 40 años. Pues bien, en los hechos la durabilidad no aguantó tres meses y ayer se abrió tremendo socavón que le costó la vida a dos personas. Originalmente se presupuestó en mil 50 millones de pesos, pero al final de cuentas, y con un año de retraso, el costo se elevó a 2 mil 200 millones. De esa magnitud es la calidad –y la corrupción– de la infraestructura público-privada.

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