Buenos Aires.

El presidente Mauricio Macri declaró abiertamente que la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, debería renun- ciar a su cargo, lamentó que insista en permanecer en el mismo y amenazó con un decreto o la posibilidad de que él proponga un procurador con la aprobación del Congreso, lo que viola las leyes que dan carácter vitalicio a ese cargo.

Viene del gobierno anterior y ha usado ese lugar para detener, demorar y enturbiar las investigaciones de corrupción y para crear sistemáticamente con sus fiscales imputaciones al actual gobierno, argumentó en una conferencia de prensa en la ciudad de Córdoba, donde se le preguntó sobre la existencia de obras realizadas en esa provincia por la empresa brasileña Odebrecht, largamente cuestionada por sus escándalos de corrupción, que salpicaron a Macri, a su familia y a funcionarios del gobierno nacional.

El mandatario argentino intenta aplicar a Gils Carbó el mismo método que se utiliza contra todos los fiscales y jueces que no se muestran dispuestos a aceptar sus sugerencias y mantienen una línea de justicia verdaderamente independiente, pues están siendo presionados, amenazados, acusados falsamente e incluso figuran en una lista negra, como en tiempos dictatoriales.

En el contexto de la campaña electoral, el gobierno intenta imponer una empresa española amiga para el conteo de votos en los próximos comicios legislativas, el gobierno logró que el fiscal Eduardo Taiano pidiera la indagatoria de la procuradora general ante las supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la dependencia.

Gils Carbó, quien denunció amenazas contra ella y su familia, declaró que el expediente mediante el cual se hizo la operación de compra es impecable y denunció que el fiscal (Eduardo) Taiano ha sufrido grandes presiones. Hubo más oferentes (para la compra del edificio) que en las licitaciones anteriores. Ganó el que ofertó el mayor precio. No primó ningún puntaje, explicó Gils Carbó en una entrevista con la estación FM Blue. Hubo 25 funcionarios del Ministerio Público que controlaron la compra del edificio.

La procuradora denunció que se intenta crear una acusación de corrupción con el objetivo de justificar mi desplazamiento por medios ilegales e inconstitucionales, ya que no lograron los votos ni las causales para llevarme a un juicio político. También advirtió que el gobierno estaba esperando que fuera citada a una indagatoria para expulsarla por decreto como ha propuesto Macri.

No podría acatar un acto de esa naturaleza porque expondría a que cualquier fiscal sea destituido por decreto, incluso los jueces de la Corte, dijo la funcionaria al diario Página 12. Apoyada por la mayoría de los sectores políticos locales y de la región advirtió que el asedio no es a mi persona, sino a la institución, porque quieren manejar a todos los fiscales.

Mientras en las calles continúan las manifestaciones de los sectores más afectados por las políticas gubernamentales, las organizaciones sociales volvieron ayer al Obelisco, en el centro de la ciudad, en la marcha del hambre reclamando se declare la emergencia alimentaria después de haber sido brutalmente reprimidos la semana anterior por la policía.

Por otra parte, anoche pararon los trabajadores de la agencia Télam después que la funcionaria del gobierno a cargo del sector Audiovisual, Magdalena Cash, despidió al periodista Enzo Moreira, porque cuestionó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la existencia de denuncias por sobreprecios en la obra pública, lo que incomodó al funcionario.