Brasilia.

La tarde de ayer el juez de primera instancia Sergio Moro sentenció al ex presidente Luis Inacio Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel. De paso, lo inhabilitó para ocupar cualquier puesto en la administración pública por los próximos 19 años. La culpa: haber recibido, como soborno, un departamento de tres plantas y poco más de 200 metros cuadrados en Guarujá, un decadente balneario a unos 70 kilómetros de São Paulo, con valor de poco más de 700 mil dólares. La noticia, pese a ser previsible, causó enorme impacto.

La sentencia era esperada y en eso coinciden todas las tendencias políticas. Al fin y al cabo los defensores de Lula advirtieron que desde el inicio del llamado operativo Lavado rápido, quedó más que clara la obsesión del juez Moro en condenar el ex presidente más popular del último medio siglo en Brasil y principal figura política en la conturbada actualidad. Curiosamente, en su contundente sentencia Sergio Moro asegura no sentir ninguna satis- facción personal en condenar a Lula, algo insólito en un fallo que se supone debería ser imparcial.

¿Hay pruebas de que el departamento haya sido regalado a Lula? Dice la defensa de Lula que no existe ninguna. Para empezar, el inmueble en cuestión tiene su titularidad empeñada con el banco estatal Caixa Económica, como parte del acuerdo de suspensión de pagos y recuperación judicial de la constructora, la OAS. No existe registro de propiedad a nombre de Lula.

El PT, escollo en el camino

Es una historia harto conocida en Brasil, pero debidamente ensombrecida por los medios hegemónicos de comunicación que han sido uno de los pilares del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, y cuyo objetivo clarísimo siempre ha sido el de liquidar la figura política de Lula da Silva.

Efectivamente, hace más de una década, la fallecida esposa de Lula, doña Marisa Leticia, adquirió una cota de un edificio que sería construido en Guarujá. Acorde a las leyes y costumbres de Brasil es posible comprar una cota de una construcción y, cuando esté terminada, elegir determinado departamento y pagar la eventual diferencia. Fue lo que ocurrió: cuando el edificio quedó listo, doña Marisa fue a verlo y desistió del negocio.

El constructor, que sí obtuvo gordísimos contratos con Petrobras durante los mandatos de Lula, entendió lo obvio: tener al ex presidente entre los propietarios del edificio sería un atractivo insuperable. Mandó reformar todo el inmueble, dotándolo incluso de un ascensor privativo, y pidió que Lula fuese a verlo. Y cuando lo vio, Lula –ha sido su única visita al local– le dijo que definitivamente no.

No hay prueba de que en algún minuto de algún día el ex presidente haya recibido el departamento. Sobran pruebas de que la constructora OAS sigue siendo su verdadera y única propietaria.

Dicen los defensores de Lula que lo condenan por una única y verdadera razón: porque para liquidarlo se armó y desató el golpe que destituyó a Dilma Rousseff. Según ellos, hay que entender que la frustrada presidenta era nada más que un escollo en el camino de los que armaron el golpe: el actual senador Aécio Neves, derrotado por ella en las elecciones de 2014, con el pleno aval del ex presidente Fernando Henrique Cardoso; los medios hegemónicos de comunicación; los partidos políticos que se dejan comprar por el mejor postor, tal y como se ve ahora, cuando se trata de defenestrar o preservar a Michel Temer; el gran capital nacional, y claro, las multinacionales que ahora pretenden beneficiarse de la nueva situación.

Para completar ese cuadro es necesario liquidar a Lula y su partido, el PT.

La llegada de Michel Temer y su grupo tuvo como objetivo primordial imponer reformas que, en realidad, significan liquidar todo lo que se construyó, en términos de derechos sociales, no sólo bajo los gobiernos de Lula y Dilma, sino de los pasados 50 años y, en el caso de los derechos laborales, más de 70.

Ahora, cuando se ve quiénes son los verdaderos interesados en el cambio, surgen señales de que Temer y algunos de sus asesores directos ya no son necesarios.

Lula da Silva se transformó, gracias a la actuación de un juez autoritario y parcial, según opinión de importantes juristas, en el blanco central de toda esa operación. Su creciente popularidad, que lo muestra como favorito para las elecciones del año que viene, significa un riesgo muy serio para los interesados en los retrocesos que, con el título de reformas, se trata de imponer al país.

No existe, vale repetirlo, una prueba contra Lula en el caso del departamento. Pero sobran de que su popularidad es una amenaza.

Es como si Lula fuese un pájaro peligroso, que tiene que ser abatido antes de que vuelva a alzar vuelo. Y esa es la misión central del juez Moro.

Hay que ver cómo reaccionará el público. Si con indignación o con resignación.