Una jueza de distrito otorgó un amparo histórico a la comunidad me’phaa San Miguel del Progreso Juba Wajiín, Guerrero, que garantiza los derechos colectivos de la población ante una declaratoria de la Secretaría de Economía (SE), que en 2015 consideró los terrenos libres para la explotación minera.

En conferencia de prensa, representantes de los pobladores de la zona e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan indicaron que se trata de una resolución histórica que no sólo echa atrás la decisión del gobierno federal, sino que obliga a dejar sin efectos el acto violatorio para garantizar los derechos al territorio y la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia.

Maribel González Pedro, abogada del Centro Tlachinollan, explicó que la sentencia de la jueza primero de distrito, Estela Platero Salado, con sede en Chilpancingo, tiene tres puntos resolutivos: ordena a la SE dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno 02/2015 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de febrero de 2014, al considerarla ilegal por no respetar los derechos de la comunidad me’phaa; en caso de que las autoridades federales insistan en otorgar concesiones a mineras en esas tierras de la Montaña de Guerrero, deben respetar los derechos colectivos de la comunidad, incluido el de consulta, y ordenó que en el DOF se publique que la declaratoria queda sin efectos.

El Centro Tlachinollan enfatizó que con esta resolución el Estado mexicano está obligado a garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas no impugnando la sentencia. De hacerlo, redundaría en la negación de los derechos de la comunidad indígena-agraria de Juba Wajiín.

Valerio Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales, destacó que la resolución es un triunfo de la organización de los pueblos de la Montaña. Miguel Santiago Lorenzo, presidente del concejo de Autoridades Agrarias en Defensa de la Montaña, aseveró que se trata de un significativo logro que se suma a la estrategia regional de defensa de los territorios frente a proyectos extractivos.