Durante los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en Coahuila el grupo criminal Los Zetas pagó cantidades millonarias a altos funcionarios del estado, e incluso federales, para sembrar el terror entre la población, afirmaron integrantes de más de cien organizaciones civiles.

Ayer, en conferencia de prensa, señalaron que en los juicios que desde 2013 se siguen en Texas contra miembros de ese grupo criminal se ha revelado la colusión entre éstos y autoridades estatales y federales, la cual llevó a la comisión de delitos de lesa humanidad.

Representantes de los grupos civiles, entre ellos del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, presidido por el obispo Raúl Vera López; Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, hablaron del informe y el análisis que la Federación Internacional de Derechos Humanos presentó la semana pasada ante la Corte Penal Internacional (CPI) con la finalidad de que ese organismo abra una investigación preliminar por los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros delitos cometidos contra la población de esa entidad.

“En Coahuila el poder se ha puesto al servicio de la criminalidad, de cárteles y de personas deshonestas que no tienen nada que ver con la paz y la justicia en nuestro estado”, enfatizó Vera López.

Las ONG subrayaron que lo que sucede en Coahuila es reflejo de lo que pasa en el país, donde el terror es una estrategia gubernamental para mantener el control de la ciudadanía.

El informe presentado ante la CPI incluyó, entre otros elementos, expedientes de casos particulares aportados por las organizaciones mexicanas y testimonios de miembros de Los Zetas recopilados y sistematizados por la Clínica Jurídica de la Universidad de Texas.

Humberto Uribe Tapia, integrante del grupo criminal y testigo en el juicio contra Marciano Millán (uno de los responsables de la masacre de Allende), reveló que el gobernador Humberto Moreira habría recibido cantidades millonarias de dólares de los Zetas. Afirmó que él mismo empaquetó unos 2 millones de dólares en maletines y los entregó a un auxiliar personal del ex mandatario en un hotel de Saltillo.

El testigo agregó que también se sobornaba a la policía estatal, a algunos elementos de la Policía Federal e incluso del Ejército, a alcaldes y otros políticos. Los sobornos permitieron a los criminales el acceso a vehículos oficiales y hasta helicópteros, de acuerdo con el informe.

Otro procesado en Estados Unidos, Adolfo Tavira Alvarado, refirió que Los Zetas enviaron a Moreira, cuando era candidato, una camioneta Chevrolet Suburban llena de maletas de dinero en la finca de Beto Cañas, con el objetivo de contribuir con la campaña por la gubernatura.

Vera López agregó que hacer pública esta información no es estar contra alguien, sino que las organizaciones están en favor de la paz, la justicia y el restablecimiento del orden legal en el país.

Al dar a conocer la posición de los grupos civiles, Blanca Martínez subrayó: Coahuila no es la excepción, es sólo una pieza de un contexto regional que incluye el noreste del país y de allí se extiende al resto de la República. La impunidad es la principal razón de que el cáncer de la macrocriminalidad se extienda a lo largo del país y que cargue con víctimas inocentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Los activistas confiaron en que la CPI atraiga el análisis de estos casos, y aseguraron que lejos de ser una amenaza para el país, la intervención del organismo internacional con sede en La Haya representaría un reto y una oportunidad para el Estado mexicano de retomar el estado de derecho y la justicia.