Puebla, Pue.

Decenas de ciudadanos participaron ayer en la marcha Poblanos por la paz para exigir respuesta a la crisis de inseguridad en el estado. Participó en la movilización Elia Tamayo Montes, madre del adolescente José Luis Tehuatlie Tamayo, asesinado por policías estatales hace tres años durante la represión a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

Con ataúdes para simbolizar a las víctimas de asaltos al transporte público y de feminicidios, la marcha, convocada por el Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, partió del parque Paseo Bravo al zócalo de Puebla, donde concluyó con un mitin.

Los activistas Irene Herrera Delgado y Marco Antonio Mazatle Rojas propusieron un pacto contra la inseguridad que incluya una nueva estrategia de combate a la delincuencia con la participación de los ciudadanos, pues la seguida por las autoridades, dijeron, no ha funcionado.

Irene Herrera condenó el asesinato político de Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna, hija mayor del fundador y líder moral de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sánchez, Simitrio, y la ferocidad con que es atacada la familia Sarabia.

Destacó que, sin tintes políticos ni partidistas, la marcha también plantea crear mecanismos de autodefensa y exigir la participación vecinal en el combate a las bandas delictivas que controlan el estado.

Sostuvo que la Fiscalía General del Estado no defiende a los poblanos y que existen deficiencias en el sistema penal acusatorio, lo que ha permitido que 4 mil delincuentes hayan sido liberados este año por lagunas legales.

Refirió que aunque el gobierno estatal presume que los índices delictivos han bajado en Puebla, la realidad es que los agraviados han dejado de presentar denuncias por un sistema penal acusatorio fallido.

Después del recorrido, los ciudadanos arribaron al zócalo de la capital, donde reclamaron seguridad ante el aumento exponencial de los asaltos con violencia en el transporte público, feminicidios y robos a transeúntes”.

Con pancartas, expusieron que del 30 de junio al 3 de julio fueron ejecutadas en Puebla 15 personas, entre ellas nueve pobladores de Huehuetlán El Grande y un presunto capo del narcotráfico en Veracruz.

“Esta descomposición de la que somos víctimas en Puebla es consecuencia de la guerra contra el huachicol” (saqueo de combustible en ductos), señaló Irene Herrera, luego de reconocer la detención del alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Ugalde Morales, por sus presuntos nexos con bandas del crimen organizado.

Frente a palacio municipal, los participantes firmaron un pacto estatal contra la inseguridad en el que hicieron ocho exigencias, entre ellas una nueva estrategia de seguridad que incluya a ciudadanos, académicos y expertos.

Asimismo, pidieron al Congreso del estado abrogar la llamada ley bala, que autoriza el uso de fuerza letal para enfrentar manifestaciones.