Senadores de PAN, PRD y PT-Morena advirtieron que se debe poner en marcha de inmediato la restructuración del sistema penitenciario, ya que tragedias como la ocurrida en el penal de Acapulco son cada vez más recurrentes, debido a que la autoridad perdió el control de los reclusorio, que en muchos casos está en manos de la delincuencia.

Las presidentas de las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, Pilar Ortega y Angélica de la Peña, coincidieron en señalar que es necesario que los centros penitenciarios sean administrados íntegramente por la autoridad y que sean saneados, para erradicar la corrupción y la violencia, así como el hacinamiento y las condiciones infrahumanas.

Por su parte, el senador del PRI, Jesús Casillas, pidió considerar la alternativa de concesionar los penales, toda vez que hechos como los ocurridos la víspera en el Cereso de Acapulco tienen su origen en la sobrepoblación y la falta de presupuesto.

Sin embargo, la perredista De la Peña resaltó que el gobierno de Guerrero debe asumir su responsabilidad por la violencia y los decesos en este centro de reinserción, pues el gobernador Héctor Astudillo conocía las terribles condiciones que prevalecen en las cárceles de la entidad, incluso el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 del organismo autónomo las catalogó como las que presentan mayores defiencias en el país, junto con el estado de Nayarit.

Exigió al gobernador acelarar las investigaciones que deslinden responsabilidades penales por los hechos violentos en el penal de Las Cruces, luego del enfrentamiento entre bandas rivales, con armas punzocortantes, lo que habla de autogobierno, corrupción y complicidad de los custodios y autoridades.

En entrevista aparte, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, dijo que el modelo carcelario actual está agotado, por lo que es urgente la restructuración. Tenemos instrumentos legales, como la Ley de Ejecución Penal, que están en marcha y requieren complementarse con políticas públicas que se han dejado de lado.

No se cumple, precisó, con la reinserción social de los sentenciados, prevista en la propia Constitución, lo que vemos es crímenes y violencia dentro de los reclusorios, agregó la senadora del PAN.

El priísta Casillas insistió en que se debe considerar la alternativa de concesionar a particulares la administración de los penales. Que el Estado pague a un concesionario por cada reo, en un esquema en que se garanticen los derechos humanos de las personas que cumplen una sentencia.