Zacatecas, Zac.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió una recomendación al gobierno de Alejandro Tello Cristerna por el desalojo violento que efectuaron policías estatales, ministeriales y personal de protección civil contra pobladores de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, el 23 de diciembre de 2016.

Exhortó a la Secretaría General de Gobierno a que en tres meses deberá inscribir a los afectados en el Registro Estatal de Víctimas a fin de que en un año como máximo se les indemnice y que en un mes se valore si los agraviados requieren atención psicológica por el desplazamiento forzado.

El desalojo, encabezado por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, se hizo con la finalidad de beneficiar a la mina Tayahua del grupo Frisco, propiedad del magnate Carlos Slim Helú.

En esa ocasión, las fuerzas del orden amedrentaron a los habitantes de Salaverna, bloquearon calles y caminos, y sin orden judicial de por medio demolieron con trascabos una primaria, una iglesia, y una vivienda.

El gobierno del priísta Tello Cristerna justificó el desalojo por el bien de la población, pues supuestamente había riesgos de derrumbes debido a una falla geológica en el subsuelo del poblado.

La CDHEZ señaló que las autoridades gubernamentales no demostraron con estudios geológicos su dicho –repetido en los últimos cuatro años–, en oposición a la denuncia pública de los habitantes, quienes sostienen que las explosiones con dinamita son las que provocan temblores y grietas en las viviendas.

Con el desalojo violento encabezado por Raquel Ortiz Sifuentes, coordinadora de asesores de la Secretaría General de Gobierno, la administración estatal incurrió en una fehaciente violación a los derechos humanos, afectando la legalidad y la seguridad jurídica de los habitantes de esa población.

La ombudsman María de la Luz Domínguez Campos aseguró que la intervención ilegal de las autoridades estatales para favorecer los intereses económicos de la Mina Tayahua, conculcan los principios rectores del desplazamiento forzado señalados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, especialmente en casos que impliquen la afectación de sus derechos con motivo de la actividad minera.

La recomendación se hizo pública este viernes, a pesar de que fue notificada el pasado 12 de junio a la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres, quien rechazó la observación.