Martes 4 de julio de 2017, p. 11
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha logrado recuperar 981 millones de pesos en favor de trabajadores, por juicios y conciliaciones que se llevaron a cabo por demandas laborales.
Esta cifra se obtuvo de diciembre de 2012 a mayo de 2017, a través de 14 mil 728 conciliaciones y 4 mil 917 juicios. Esta instancia de la Secretaría del Trabajo puntualizó que de las demandas presentadas en este periodo logró concluir 144 mil 681 casos de despido injustificado, de los que 125 mil fueron mediante asesorías; en 14 mil 728 se alcanzaron arreglos entre las partes, y 4 mil 917 concluyeron ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El número de casos de litigios por despidos es elevado, por lo que la dependencia dio a conocer los motivos por los cuales un patrón puede rescindir el contrato a un trabajador, y sostuvo que está prohibido quitar el empleo o coaccionar a las empleadas a que renuncien cuando están embarazadas, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.
También indicó que hay dos tipos de despido: el justificado sin responsabilidad para el patrón, cuando el trabajador incurre en alguna de las causales que señala la Ley Federal del Trabajo, y el injustificado, es decir, la terminación unilateral de la relación laboral por parte del patrón sin motivo alguno que lo justifique.
Destacó que en los conflictos de despido se privilegia el proceso de conciliación para que el trabajador obtenga el resarcimiento de sus derechos laborales.
Puso de ejemplos que las causas de rescisión de la relación de trabajo son que los empleados ocasionen intencionalmente perjuicios materiales en edificios, obras, maquinaria o instrumentos relacionados con el trabajo; cometer violencia o poner en riesgo la seguridad del establecimiento o de las personas en su interior, así como tener más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, entre otros.
En caso de despedidos injustificados, los trabajadores podrán solicitar ante la junta que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario integrado y el pago de las prestaciones de ley, como aguinaldo, vacaciones o prima antigüedad, entre otros.