El Programa Nacional de Inglés para el sistema educativo nacional, implementado al inicio del año pasado, fue sometido a revisión por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual halló anomalías en sus informes individuales de la Cuenta Pública 2016.

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública por un monto de 594 millones 826 mil pesos, en virtud de que la dirección general de desarrollo curricular ministró recursos para el Programa Nacional de Inglés a 30 estados del país, proporcionando la aplicación de éstos únicamente mediante informes trimestrales, sin evidenciar el seguimiento en la aplicación de los recursos para garantizar que se utilizaron para fines del programa o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación de los no ejercidos o comprobados al 31 de diciembre de 2016.

La auditoría revisó el uso y destino de 731 millones de pesos (de un total de 789 millones) y encontró probable daño por 594 millones.

Las evidencias recogidas propiciaron una promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias para que el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública (SEP) realice las investigaciones pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron haber implementado mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de dicho programa.

A esto se suma la presunción de un probable daño por 10 millones 651 millones de pesos por falta de documentación comprobatoria de los recursos ministrados por la dirección de desarrollo curricular.

Así, se concluye, en términos generales, la SEP no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Ausencia de mecanismos de seguimiento y supervisión que impiden a la dependencia contar con la garantía de que los recursos del programa nacional, transferido por la dirección general de desarrollo curricular a las entidades federativas para su ejercicio, se encuentran comprobados con los documentos que acrediten fehacientemente su ejercicio en los conceptos de gasto autorizados por las reglas de operación.

Analizado el techo de recursos aportados al programa, 731 millones de pesos, se concluye que la dependencia únicamente proporcionó los informes físico-financieros, los convenios marco y los recibos emitidos por las entidades federativas correspondientes a la recepción de los recursos.

Por lo anterior, se tiene un monto pendiente de comprobar o reintegrar de 594 millones respecto de los recursos que la SEP transfirió a las entidades federativas; deficiencias en las reglas de operación, ya que no se mencionan los requisitos que deberían cubrir los asesores externos que deberán impartir las clases del idioma ingle, ni los plazos para que las tesorerías estatales transfieran los recursos a la autoridad educativa local.

Incluso, se identificó que el ejercicio de los recursos no se realiza con base en las necesidades reales de cada entidad federativa debido a que éstas se encuentran limitadas para ejercerlos según los montos máximos autorizados, y además no se comprobaron los mecanismos de supervisión a cargo de la SEP para constatar la correcta aplicación del dinero.