La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización Internacional ChilFund México concluyeron que las niñas, niños y adolescentes son personas titulares de derechos con capacidad progresiva para comprender y actuar en su entorno, y deben crecer en un ambiente seguro, pacífico, enriquecedor en que exista la igualdad de género.

Con esa posición terminaron los trabajos del foro de análisis Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde los participantes señalaron que el Estado, la comunidad y las familias son corresponsables de asegurar que todos los menores de edad puedan alcanzar su máximo potencial físico, mental, ético, moral y espiritual para construir sociedades estables y propiciar el desarrollo sostenible e incluyente de nuestro país.

La atención no admite demora

Dieron a conocer que la atención a la niñez no admite demora, es impostergable y la mejor manera de hacerlo es mediante los esfuerzos de todos los actores, ya que de ser omisos las complicaciones se extenderán a toda la población. No hacerlo desde un principio significa hipotecar el futuro de la humanidad.

El posicionamiento conjunto fue dado a conocer en la ceremonia de clausura del foro, que encabezaron Ismael Eslava Pérez y Héctor Daniel Dávalos Martínez, primer visitador general y secretario ejecutivo de la CNDH, respectivamente, así como por Sonia Bozzi, directora nacional de ChildFund México, quienes destacaron que la mitad de la población menor de 18 años a escala mundial ha experimentado algún tipo de violencia antes de cumplir los ocho años, mientras que en México 73 por ciento de la población menor de 14 años ha sido víctima de maltrato, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública y la Unicef.

Pidieron a los tres niveles de gobierno prevenir, investigar, sancionar y evitar la impunidad en casos de violencia contra niños y adolescencia, incluyendo el castigo físico y humillante, especialmente en la población en situación de calle, migrante, indígena, afrodescendiente, con discapacidad y en pobreza extrema.

Bozzi destacó que la autoridad debe impulsar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, asignando presupuesto adecuado a efecto de materializar su contenido y mejorar la calidad de vida, condiciones de bienestar y desarrollo de esa población. Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su conjunto es fundamental erradicar abuso, explotación, tráfico y todas las formas de violencia contra la niñez.