Tlalnepantla, Méx.

Juan Villegas Mejía, líder otomí de la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, y uno de los principales opositores a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, abandonó el penal de Barrientos la tarde del sábado.

Lo anterior, luego que el juez de control Víctor Hugo Dávila Ortiz ordenó la no vinculación a proceso y su inmediata libertad al considerar que las imputaciones del ayuntamiento de Huixquilucan, que lo acusó de extorsionar a un empleado, fueron improcedentes.

Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (Cdhzl), y defensor de Villegas Mejía, informó que el juez del caso argumentó que había un ánimo de perjudicar la libertad de Juan Villegas, derivado de las controversias legales que el representante de pueblos indígenas ha tenido con la alcaldía de Huixquilucan.

El activista otomí de 55 años fue detenido el pasado 25 de junio acusado por el gobierno municipal, encabezado por Enrique Vargas del Villar, que le imputó el delito de extorsión por un millón de pesos y de pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación.

Daniel Díaz, empleado del ayuntamiento de Huixquilucan, acusó a Juan Villegas de haber pedido vía telefónica un millón de pesos a cambio de desistirse de sus denuncias contra Vargas del Villar y del gobierno local, según el expediente de la causa penal correspondiente, refirió Lara Duque.

El representante legal de la alcaldía, Roberto Yáñez Salas, fue quien promovió la demanda penal, precisó. Consideró que la pretensión era privarlo de sus derechos civiles y políticos para que el juicio sea sobreseído y ya no se realice la consulta entre la comunidad indígena de San Juan Ayotuxco sobre la edificación de la autopista.

Recordó que en 2016, Juan Villegas fue electo, por usos y costumbres, como representante de los pueblos indígenas de Huixquilucan y desde entonces se ha dado a la tarea de defender las tierras de los otomíes. Ese mismo año inició ante la justicia federal un juicio de amparo para obligar a las autoridades a que se efectúe dicha consulta.

La autopista Naucalpan-Toluca es un viejo proyecto con el cual se pretende unir la zona de Interlomas, en Huixquilucan, con el aeropuerto internacional de Toluca, Adolfo López Mateos, pues de esa zona proviene la mayoría de los usuarios de la terminal.

Sin embargo, algunas comunidades sostienen que la autopista no se justifica, pues ya existen las vías Toluca-Naucalpan (libre), Chamapa-La Venta y México-Toluca para llegar al aeropuerto. Además, advierten que se pretende construir en tierras consideradas sagradas por los otomíes y devastar zonas protegidas, como el Bosque de Agua y el bosque Otomí-Mexica.

Aunque la construcción de la carretera lleva un avance de 60 por ciento, las obras están suspendidas en algunos tramos, debido a recursos jurídicos promovidos por comunidades indígenas, como las de San Francisco Xochicuautla, en Lerma, y Santa Cruz Atoyuxco, en Huixquilucan.

Lara Duque, abogado del acusado, dijo que, de acuerdo con el propio Juan Villegas Mejía, el alcalde Enrique Vargas del Villar, lo llamó por teléfono el 30 de agosto de 2016 y le advirtió que desistiera de sus acciones contra la vialidad o le iban a dar en la madre.

El defensor dijo que las acciones legales emprendidas por Juan Villegas afectan grandes intereses, pues la autopista la construye la empresa favorita de varias adjudicaciones públicas: Grupo Higa, de la familia Hinojosa Cantú.

Desde las 13 horas del sábado, al menos 50 personas permanecieron afuera del penal de Barrientos, cuando dio inicio la audiencia de vinculación de proceso. Poco antes de las 17 horas, entre aplausos y vivas, Juan Villegas fue recibido por familiares, amigos y su defensa.

El fallo del juez de control Víctor Hugo Dávila Ortiz provocó el enojo de autoridades de la fiscalía del estado de México, que antes de retirarse aseguraron impugnarán el dictamen.