Se aprobó en diciembre y en San Lázaro se frenó la minuta
Domingo 2 de julio de 2017, p. 9
Desde diciembre del año pasado está detenida en la Cámara de Diputados la minuta por la que se aumentan las sanciones por la portación ilegal de armas de grueso calibre y es fundamental que se acelere el proceso de dictaminación, ya que la proliferación de ese tipo de armamento es factor clave en el incremento de la violencia provocada por el crimen organizado, advirtió el senador Luis Humberto Fernández.
Integrante del bloque PT-Morena, destacó que la reforma se aprobó por unanimidad el 15 de diciembre de 2016 y la minuta respectiva se remitió de inmediato a San Lázaro.
Se trata, explicó, de un instrumento legal que requiere entrar en vigor a la brevedad, toda vez que la legislación actual es muy laxa frente al enorme tráfico de armas que se da en el país.
Insistió en que es imprescindible desincentivar el uso de armamento de alta combatividad
, ya que se estima que circulan en México 20 millones de armas de fuego, de las cuales 65 por ciento las tiene el crimen organizado.
En la exposición de motivos se señala que tanto el Código Penal Federal como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos permiten portar armas de 9 milímetros sin mayor problema y aún de más peligrosidad, cuya sanción es una multa
, lo que constituye una limitación para las fuerzas del orden y un pilar para la operación de los grupos criminales
.
En consecuencia, hay delincuentes acusados de portar, poseer, traficar, transportar, vender y comprar armas de fuego, explosivos y accesorios, y enfrentan su proceso en libertad bajo caución.
En el caso de las personas aprehendidas por portar armas calibre 22, 25, 28 o 32, pueden salir libres con el pago de una multa de 2 mil a 10 mil pesos.
El Código Penal Federal impone penas de tres meses a tres años de prisión a quien porte, fabrique, importe o haga acopio de armas. La reforma incrementa esa pena de siete a 15 años, además de una multa de 300 a 500 unidades de medida y actualización.
Fernández destacó que la iniciativa tuvo el aval de PT-Morena, de senadores de PRI y PAN, así como del jefe de Gobierno de la Ciudad de México.