El Ministerio Público de Venezuela confirmó el fallecimiento de otros tres ciudadanos durante las protestas antigubernamentales del viernes pasado en el estado Lara, al oeste del país. La oposición marchó de nuevo ayer, cuando se cumplen tres meses de protestas diarias contra el presidente Nicolás Maduro, en una Venezuela convulsionada donde, según analistas, se vislumbra una escalada de la crisis.

La fiscalía informó del deceso de Fernando Rojas (49), José Gregorio Mendoza (44) y Ramsés Martínez (20), con lo cual se elevó a 85 el número de muertos en la nación caribeña desde el inicio de las manifestaciones.

El viernes, el Ministerio Público confirmó el fallecimiento de Rubén Morillo, por presunto impacto de bala; varios hechos de violencia se registraron en la ciudad de Barquisimeto, capital larense, donde también resultó lesionado un teniente de la Guardia Nacional y otro civil de nombre César Lovera.

Para las investigaciones en torno a los hechos se comisionó a fiscales con competencia en protección de derechos fundamentales y delitos comunes de la entidad occidental.

Las manifestaciones opositoras convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Venezuela ya llevan tres meses, con la exigencia del adelanto de las elecciones generales y la denuncia de una supuesta ruptura del hilo constitucional en el país.

Auspicio a grupos vandálicos

El gobierno acusa a la MUD de promover la violencia con el auspicio a grupos vandálicos, a los cuales responsabiliza de ejecutar la mayoría de los crímenes cometidos en la nación caribeña.

Unos 3 mil opositores caminaron ayer hasta la principal autopista de Caracas para expresar su apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega, quien en medio de las manifestaciones abandonó su línea oficialista para convertirse en férrea adversaria de Maduro, rechazando su convocatoria a una asamblea constituyente.

Ortega deberá comparecer el próximo martes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –acusado de servir al chavismo–, que evaluará si la enjuicia, lo que podría llevar a su destitución. Tenemos que organizarnos para evitar la elección de esa asamblea constituyente. Si a nosotros nos da la gana, aquí no la habrá, dijo el diputado Carlos Paparoni.

La fiscal agradeció el apoyo: Su confianza fortalece nuestra lucha institucional. La defensa de la Constitución es tarea de todos, tuiteó.

La fiscal se alejó del gobierno, denunciando una ruptura del orden constitucional por decisiones del TSJ que redujeron los poderes del Legislativo. También emprendió una batalla judicial contra los magistrados de la corte y la constituyente que impulsa Maduro para rehacer la Carta Magna, aunque todos sus recursos han sido desechados por el tribunal.

A petición del chavismo, el máximo tribunal le impuso a Ortega la prohibición de salir del país y congeló sus cuentas y bienes. El oficialismo asegura que Ortega mintió al afirmar que no validó la elección de los magistrados del TSJ en 2015, por parte de la anterior mayoría chavista.