n la Puebla de los Ángeles los demonios andan sueltos y el México bárbaro está de regreso. La resistencia de dos años y medio que sostiene la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre frente a la embestida gubernamental se tiñó de rojo este jueves con el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, hija del líder histórico de la organización, a manos de un comando armado. El pasado dos de abril, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio reveló lo que, a su juicio, constituye el origen de los ataques hacia él, su familia y la 28 de Octubre: “Todos estos, y otros, ataques derivan del hecho de que en febrero de 2014 el entonces secretario General de Gobierno, ahora diputado federal, Luis Maldonado Venegas, me pidió que le entregara la organización porque –según él– ya es tiempo de un cambio en la dirección” y el gobernador no quiere sumisión ciega, pero sí subordinación total, y procedió a amenazar con cosas como que en el [Mercado] Hidalgo se vende más de 80 por ciento de toda la droga que circula en Puebla, que uno de tus hijos está involucrado en la venta de protección a los narcotraficantes, etcétera. No acepté entregarle la organización y mucho menos trabajar para Rafael Moreno Valle, y ya saben las consecuencias, que empezaron con los despojos de las zonas [de trabajo de los ambulantes] de Los Fuertes y Parque Ecológico, siguió con el cateo ilegal a la casa de mis hijos el 28 de noviembre y continuó, primero, encarcelándome el 19 de diciembre de 2014 acusándome de violar las condiciones preliberacionales que me fueron impuestas en abril de 2001, dentro del proceso penal 113/1989 del juzgado quinto penal; luego, ante la posibilidad real de que en enero de 2015 tuviera que ponerme en libertad por compurgar completamente la sentencia por la que se me impusieron las condiciones preliberacionales, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General, encabezada por Víctor Carrancá Bourguet, me imputó falsamente el delito de narcomenudeo para justificar mantenerme preso”.

Para someter políticamente a Simitrio, se le encarceló sin motivo legal; apresaron a dos de sus hijos y dos líderes intermedios; procesaron a la esposa, a la nuera y a dos correligionarios. Los argumentos y mecanismos jurídicos inventados por el morenovallismo para justificar la privación de libertad fueron tan absurdos que al paso del tiempo terminaron cayendo estrepitosamente. El cúmulo de sentencias de amparo obtenidas acreditó la arbitrariedad y el montaje represivo en su contra. Sin embargo, resultaba increíble que tan impúdicas pifias jurídicas quedaran sostenidas como razón de estado. La explicación parece surgir ahora cuando, de entrada y sin investigación alguna que la sustente, la Fiscalía estatal siembra como líneas de investigación la del ajuste de cuentas entre narcomenudistas, o la venganza, como supuestos móviles del crimen de Meztli, justo cuando los jueces de distrito han resuelto determinar la inexistencia del delito de narcomenudeo achacado falsamente a su padre y hermanos.

En el gobierno de Moreno Valle jamás hubo cabida para la rectificación del atropello; en el de José Antonio Gali, tampoco, y la consecuencia atroz se ha hecho presente con el asesinato como adicional argumento político de fuerza, cuyo contexto es el conflicto político judicial desatado contra el liderazgo que representa su padre. En una miserable ejecución extrajudicial Meztli Sarabia, en plenitud de vida, cayó muerta con una bala en la cabeza que le impidió cumplir la encomienda hecha por los sicarios: “Dile a Simitrio que no se ande pasando de güevos”.

Este grado de violencia delinea una concepción y un estilo de hacer política. Deja claro que la conducción facciosa que se hace de los destinos del estado tiene como objetivo supremo trabajar en aras de una candidatura presidencial, y no del bienestar de los poblanos. El morenovallismo ha hecho de las leyes simple basura jurídica y de la legalidad expresión de su voluntad exhibiendo, en su verdadera dimensión, la realidad política y social que propone como proyecto de país, en un refrito con aroma foxista denominado por la fuerza del cambio. Estas agresiones las proyectó impulsando una injusta acusación que lo hizo compurgar una sentencia que ha puesto en tela de juicio, no sólo toda noción de derechos humanos y legalidad, y que ha hecho evidente la pertinencia y validez política de una forma concreta de ejercer el poder público que avasalla y sojuzga a las mayorías sociales en beneficio de un pequeño sector de convidados al despojo como forma preferida de organización social. La miseria moral como eje rector de la acción pública y la brutal descomposición social como consecuencia crearon ya en Puebla un escenario dantesco que los mexicanos tienen que conocer.