Caracas

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para ella y todos los funcionarios de ese organismo, decisión que se da poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibió salir del país y congeló sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso que le abrieron y podría provocar su enjuiciamiento y destitución.

Ortega Díaz, quien desafió al gobierno del presidente Nicolás Maduro al rechazar el proceso de reforma de la Constitución, anunció lo anterior en su cuenta de Twitter.

El máximo tribunal, que es señalado de estar controlado por el gobierno, inició este mes un proceso contra la fiscal por solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño quien pidió enjuiciar a la funcionaria por el supuesto incumplimiento de sus labores. También pidió a la Corte designar una comisión médica para evaluar a Ortega Díaz por supuesta incapacidad mental. La fiscal además enfrenta una solicitud de antejuicio de mérito para retirarle un beneficio legal y enjuiciarla por supuestas faltas graves que habría cometido en el ejercicio de su cargo.

La Sala Plena fijó para el 4 de julio una audiencia pública en la que Ortega Díaz y otros funcionarios presentarán sus alegatos sobre el caso.

El máximo tribunal otorgó esta semana a la Defensoría del Pueblo las atribuciones para participar en las investigaciones penales de los casos de violaciones de derechos humanos, decisión que menoscaba las competencias de la Fiscalía General, y anuló el nombramiento del vicefiscal. Ortega Díaz dijo que desconocería las sentencias de la Corte por considerar que violan la carta magna y llamó a todos los venezolanos a restablecer el orden constitucional.

La fiscal general comenzó su distanciamiento del gobierno en marzo tras objetar dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional y denunciar una ruptura del orden constitucional. En los últimos tres meses la alta funcionaria presentó al menos cinco acciones contra el proceso constituyente que impulsa el presidente Maduro y la designación de un grupo de magistrados, procesos que fueron rechazados por el Tribunal Supremo. Ortega argumenta que ha sido objeto de amenazas.

El proceso contra la fiscal se da en un contexto de creciente tensión generado por las protestas antigubernamentales que han extendido por tres meses y que han dejado al menos 80 muertos, mil 400 heridos, y más de 500 detenidos.