Guatemala.

La cantidad máxima por la que se enjuiciará en el país al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte Ochoa asciende a 570 millones de pesos, mientras que el valor de sus ranchos Las Mesas y El Faunito, así como los departamentos que le decomisaron en la Ciudad de México, superan los 500 millones de pesos, señalaron funcionarios connacionales que participaron en las diligencias judiciales sobre la extradición del acusado, realizadas en esta nación centroamericana.

Las autoridades reiteraron que aunque el monto desviado pudiera ser cubierto con las cuentas y bienes que le han incautado, la pena de cárcel no se cancelará para el político priísta, que luego de seis meses de estar prófugo de la justicia fue detenido el pasado 15 de abril en un hotel de lujo ubicado en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá.

De acuerdo con las acusaciones presentadas por la fiscalía de Guatemala, en representación del gobierno mexicano, en dos juicios de extradición presentados contra Duarte de Ochoa, en el primer caso son imputaciones de carácter federal, en las que se le acusa de haber desviado 350 millones de pesos a más de 40 empresas fachada, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el segundo proceso, las autoridades presentaron como base dos órdenes de aprehensión libradas por un juzgado del fuero común del estado de Veracruz, en las que se le imputa la comisión de cinco delitos: abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y peculado.

En estos últimos casos la Fiscalía General de Veracruz le imputa el desvío de 220 millones de pesos que estaban destinados a obras públicas de agua potable, alcantarillado y modernización de infraestructura pluvial.

A los daños al erario que se han contabilizado en las acusaciones de extradición, deberán sumarse las multas que determinen los jueces mexicanos al término de los procesos penales, siempre y cuando encuentren culpable al político mexicano.

En ese contexto, y en cuanto al daño patrimonial de carácter económico, las autoridades mexicanas (federales y del estado de Veracruz) sólo encontraron elementos para imputar al ex gobernador veracruzano la cantidad de 570 millones de pesos.

El martes, Javier Duarte se allanó (aceptó entregarse) para enfrentar los procesos en el fuero común. Sin embargo, será hasta el próximo 4 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia en la que podría aceptar su traslado a México para enfrentar el proceso de orden federal.

De esa manera, si no se formulan nuevas solicitudes de extradición, el gobierno mexicano necesitará la anuencia de las autoridades guatemaltecas para formular nuevos cargos contra el político priísta, que está internado en la prisión de máxima seguridad del Cuartel de Matamoros, en la capital guatemalteca.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades mexicanas, entre los bienes que se han incautado a Javier Duarte se encuentra el rancho El Faunito, ubicado en el municipio de Fortín de Las Flores, Veracruz, que según estimaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) su valor es superior a 200 millones de pesos.

El Faunito fue decomisado por el Ministerio Público Federal el 27 de octubre de 2016, y supuestamente habría sido adquirido y remodelado con recursos que estaban destinados a la Secretaría de Salud de Veracruz, pero esos señalamientos no se convirtieron en parte de los delitos por los que se persigue a Javier Duarte.

Asimismo, durante las investigaciones realizadas por la PGR, al ex gobernador veracruzano le incautaron 112 cuentas bancarias, de las cuales no se ha informado la cantidad de dinero que se depositó en ellas.

También le aseguraron cinco empresas y presuntamente 23 millones de pesos que estaban en una caja de cartón dentro de un departamento ubicado en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.

También le decomisaron el rancho Las Mesas, que se ubica en Valle de Bravo, estado de México, el cual, según estimaciones oficiales, tiene un valor superior a 220 millones de pesos, lo que equivaldría al daño patrimonial por el que se le acusa en el ámbito del fuero común.

Durante las indagatorias, dos empresas en las que se introdujo dinero de manera ilegal durante el gobierno de Duarte devolvieron al gobierno federal 422 millones de pesos que, a su vez, los entregó al erario de Veracruz.