Buenos Aires

Más de una decena de heridos por balas de goma, y nueve detenidos golpeados y arrastrados por las calles fue el resultado de una dura represión de la policía de la ciudad de Buenos Aires contra organizaciones sociales que reclamaban una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para explicarle la grave situación que están viviendo en indigencia y para reactivar cooperativas con planes sociales que han dejado sin trabajo a unas 40 mil personas.

Los manifestantes, entre quienes había mujeres y niños, acampaban frente a la sede de ese Ministerio con carpas y ollas populares. Los piquetes bloquearon la céntrica avenida 9 de Julio y la represión se inició en momentos en que se realizaban negociaciones entre las autoridades y representantes de los organismos sociales que además exigían declarar la emergencia laboral, alimentaria y de salud.

Con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógeno, decenas de policías avanzaron por la avenida y calles adyacentes, reprimiendo con brutalidad y arrestando a personas frente a cámaras de televisión.

Durante la tarde la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini se presentó a la comisaría donde estaban los detenidos, para pedir su liberación.

Otras organizaciones Sociales se manifestaron ante sedes judiciales para solicitar un amparo por la suspensión de pensiones que dejarían en la calle a miles de jubilados.

Por otra parte, los veteranos de la Guerra de Las Malvinas (1982) marcharon este miércoles y tomaron de manera pacífica filiales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), en contra del recorte de prestaciones.

El grupo de veteranos se concentró en el Obelisco y tomaron luego filiales del PAMI, ya que su situación es desesperante, según sus dirigentes. Muchos de los veteranos de aquella guerra, eran soldados del servicio militar obligatorio, llevados por sus jefes militares para recuperar las islas argentinas ocupadas por Gran Bretaña desde 1833,. Más de 600 murieron en los enfrentamientos con la poderosa flota británica. Y varios se suicidaron al regresar de lo que resultó ser un infierno para ellos y por la indiferencia con que fueron recibidos.

Lograron reconocimiento recientemente, pero todo lo obtenido está desapareciendo por medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri.

Este día el gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, decidió unilateralmente aumentar en tres cuotas el sueldo mínimo de 8 mil pesos, a pesar de las manifestaciones multitudinarias que pedían aumentar un sueldo que está por debajo de lo que se califica como indigencia. Esto desató la furia de las dirigencias gremiales, muchas de las cuales se movilizarán y preparan un paro nacional. El precio de la canasta básica ascendió a 14 mil pesos.

Los estatales porteños quieren romper el techo del 19 por ciento del aumento salarial otorgado por el gobierno de la ciudad que está debajo de la media de todo el país. Si no nos convocan en una semana, para subir este techo, a la negociación salarial (paritaria) en la Ciudad, vamos al paro, dijeron los dirigentes y advirtieron que en agosto irán a la movilización nacional con las centrales sindicales para detener el ajuste. Comienza una nueva etapa de lucha contra el hambre, agregaron.

Todas a las dirigencias sindicales consideraron una burla que el gobierno tomara la decisión de fijar por decreto un aumento que de ninguna manera les permitirá llegar a fin de mes, especialmente cuando están llegando con aumentos de 500 por ciento las tarifas de luz , gas y otras.

Por otra parte oficialmente se reconoció que 6 mil Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) debieron cerrar sus puertas por la imposibilidad de sostenerse. También hubo más despidos en las últimas horas y cierres de empresas y en las plantas de la estadunidense Walmart. Sólo en abril pasado hubo más de 50 mil despidos en empresas privadas.

En este marco se está produciendo una rebelión de los jueces electorales contra el gobierno. “El principal malestar de los jueces encargados de velar por los comicios tiene una razón: la intención del Ejecutivo de endosarle la responsabilidad a la Comisión Nacional Electoral (CNE) que el escrutinio provisorio quede en manos privadas” señala el diario Ámbito Fianciero.

Por esta razón habrá una reunión el próximo miércoles en Casa Rosada. Los jueces electorales recordaron que pese a reiterados requerimientos de ese Tribunal, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, y rechazan que el trámite del escrutinio provisorio recayera en Indra, la empresa española encargada de difundir los resultados electorales desde 1997.

Los magistrados señalaron que una de las propuestas se refería a un mecanismo de escrutinio provisorio diferente al que históricamente se ha implementado con el objetivo de robustecer las herramientas de fiscalización, propender a una difusión más rápida de los resultado.