Guadalajara, Jal.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una recomendación que pide la reparación de daños colectivos y en favor de las dos viudas y la madre de los hermanos wixaritari (huicholes) Miguel y Agustín Vázquez Torres, asesinados el pasado 20 de mayo en Tuxpan de Bolaños, Jalisco.

Los activistas sociales encabezaron una lucha para recuperar más de 10 mil hectáreas de la comunidad wixárika de San Sebastián, ocupadas por pequeños propietarios mestizos de Huajimic y Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, en Nayarit.

El 22 de septiembre de 2016 recobraron los predios Piedra Bola y Bola Negra, en las faldas de la sierra de Pajaritos, en Jalisco.

La CEDHJ resolvió en poco más de un mes la queja oficiosa 3710/2017 y comprobó omisiones de policías municipales que estaban en Tuxpan el día del doble asesinato y permitieron –al dejar en libertad a los presuntos criminales–, que en una riña fueran asesinados los dos líderes indígenas.

Durante la presentación de la recomendación de la CEDHJ, Cristina Carrillo Díaz, viuda de Miguel Vázquez, dijo que viven atemorizados, pues las autoridades no les brindan protección ante las amenazas que han recibido después del crimen.

Dijo que la otra viuda, ella y la madre de Miguel y Agustín se quedaron sin ingresos para alimentar a sus hijos, todos menores de edad.

La recomendación no incluyó a la Fiscalía General del Estado, que en febrero pasado se comprometió a crear una base policiaca para combatir la inseguridad en Mesa del Tirador, ranchería que pertenece a Tuxpan de Bolaños, donde, a decir de los wixaritari, no han hecho nada, a pesar de que les donaron un terreno comunal.

La Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas acredita a Miguel y Agustín Vázquez Torres como defensores humanos de las comunidades wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, municipios de Mezquitic y Bolaños, dijo el tercer visitador de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón.

El documento califica de actuación omisa, imprudente e irregular la respuesta de las autoridades, en agravio no sólo de las víctimas y sus familiares, sino de todos los habitantes de Tuxpan de Bolaños y de las comunidades wixaritari, por lo que pidió reparación integral del daño colectivo.

Deben incluirse acciones que reivindiquen los derechos humanos de las comunidades wixaritari. El primer punto es atender la seguridad pública; deberán tomarse medidas que garanticen la integridad personal, dice la recomendación.

También se pide la restitución de las 10 mil hectáreas que se encuentran en posesión de ganaderos y personas ajenas a la comunidad en el vecino poblado de Huajimic, Nayarit.

Que las autoridades, conforme a la Ley general de Víctimas, paguen una indemnización pecuniaria, hagan ofertas de empleos para los deudos, integren una comisión para investigar a los policías inmiscuidos, capaciten a su personal, pongan en operación la base policial en Mesa del Tirador y brinden atención médica a los indígenas.