La diputada de Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF) Aleyda Alavez Ruiz advirtió que de no fortalecer la participación ciudadana en el sistema local anticorrupción –que debe estar aprobado a más tardar el 18 de julio– el órgano legislativo habrá perdido la oportunidad histórica de marcar la diferencia al gatopardismo de que todo cambia para que todo siga igual.

Al presentar una iniciativa de decreto que expide la ley anticorrupción de la Ciudad de México, instó a las distintas fuerzas políticas a crear un sistema que sea ejemplo de imparcialidad y autonomía, asegurando una auténtica representación en el proceso de selección de quienes integrarán el comité de participación ciudadana que lo presida, alejado de las cuotas partidarias.

Sostuvo que deben ser los ciudadanos representados en dicho comité quienes ejerzan el control democrático de lo público, haciendo valer preceptos constitucionales de austeridad y honestidad, por lo que anticipó la oposición de su partido a la intención de crear un comité rector, que nada tiene qué ver cuando todo el fortalecimiento se lo queremos dar al Comité de Participación Ciudadana

Alavez Ruiz añadió que el sistema debe estar enfocado a la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como en la fiscalización de los recursos públicos, donde no sean impunes hechos como los de la Casa Blanca de Peña Nieto, la casa de Malinalco de Luis Videgaray y los contratos de Odebrecht y Grupo Higa.

Llaman a abrir la discusión

Antes, organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana, Fundar Centro de Análisis e Información, Red por la Rendición de Cuentas, México Evalúa y la Coparmex exigieron ante diputados locales abrir la discusión de las leyes que crean el sistema anticorrupción, no para acompañar el proceso legislativo, sino para co-construirlas mediante un mecanismo de parlamento abierto.

Advirtieron visos de inconstitucionalidad en las iniciativas turnadas a comisiones; reclamaron la ausencia de conceptos previstos en la Constitución Política local, como el derecho a la buena administración, y pidieron subsanar la falta de contrapesos en las alcaldías, que el mismo órgano de gobierno legislativo estableció en la norma electoral con el llamado carro completo en la fórmula para elegir a los titulares de las demarcaciones y sus concejos.