La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó solicitar al gobierno federal que, en el contexto constitucional, permita a los estados involucrarse en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, e incluir las posturas de las entidades.

También, mediante su comisión ejecutiva de asuntos internacionales que sesionó ayer en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, demandó que las secretarías de Hacienda y de la Función Pública precisen mediante qué mecanismo los gobiernos estatales pueden transferir recursos para constituir un fondo de apoyo a migrantes.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, explicó que la propuesta inicial es que cada entidad y el gobierno de Ciudad de México aporten 6 millones de pesos.

Fondo para repatriados

Si se logran realizar todas las transferencias propuestas se conseguirá un fondo de casi 10 millones de dólares para destinarlos a asistencia a los migrantes mexicanos, explicó el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Pavlovich también sugirió que Hacienda reasigne el presupuesto que se entrega a los municipios en infraestructura, a un fondo para la frontera. Que estos recursos vayan directamente a los migrantes. Las alcaldías reciben en su mayoría un millón para infraestructura, pero con ese dinero qué hacen. Serviría mucho más en apoyar a los migrantes. Ahora no se puede hacer mucho con esos recursos, dijo.

Mancera, quien actualmente preside la Conago, refirió que se logró una reunión anticipada con la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, el 14 de julio, para abordar la revisión del tratado comercial.

En un encuentro previo, en Washington, dijo, la Conago hizo ver que México no tiene miedo a la negociación del acuerdo, pero también se dejó en claro que no se busque al país sólo por tener salarios de hambre, sino por su mano de obra calificada y porque es un socio estratégico.

Durante el encuentro, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada Solana, resaltó que el gobierno de Estados Unidos ha adoptado un cambio diametral en la aplicación de la ley hacia los indocumentados mexicanos.

Están agarrando indiscriminadamente, no importando los años que tengan viviendo allá, o si tienen hijos. La línea no es suave, es bastante dura, indicó.