l procurador general de la República ha presentado cargos contra el presidente de la República, a partir de un documentado informe de la Policía Federal, que implica al mandatario en hechos de corrupción, al recibir para sí, a través de otra persona, un soborno proveniente de una empresa privada.

En realidad, el cargo del funcionario que hace la acusación es el de fiscal, y el presidente de la República al que se menciona es el de Brasil, Michel Temer. Y aún falta que un juez de la Corte Suprema, y una mayoría de votos en la cámara baja, aún controlada por el partido que postuló a Temer, aprueben la continuidad procesal contra quien podría ser suspendido en su mandato por 180 días.

El abogado Temer, quien, como vicepresidente, sustituyó a la destituida Dilma Rousseff, es ya el primer presidente en la historia brasileña en ser acusado de corrupción mientras ejerce su mandato, según recuento del diario O Globo. Ayer mismo, un juez condenó a 12 años de prisión a Antonio Palocci, quien fue ministro de los gabinetes de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Palocci fue acusado de corrupción pasiva y lavado de unos 10 millones de dólares, provenientes de empresas (Odebrecht), para financiar campañas políticas.

¿Cuándo se bailará en México una samba parecida? Partituras, ejecutantes y bailarines sobran en el escaparate oficial, donde, por ejemplo, el tema de moda, Odebrecht, se suma a los ritmos españoles de OHL y a los nativos de Pemex, entre muchos ejemplos de la vocación corrupta de los más altos funcionarios de la administración pública, y no sólo de la actual gestión sexenal, aunque marcadamente en ésta.

A 33 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la búsqueda de verdad y justicia continúa entrampada en México, sujeta a los laberintos burocráticos que de manera natural afectan a los ciudadanos en general y, en este caso histórico, además, a la voluntad política superior que ha buscado evitar que se conozcan a plenitud los hechos sucedidos en Iguala, y sus alrededores, entre la noche y la madrugada de 26 y 27 de septiembre de 2014.

Ni siquiera la puntual investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en acuerdo del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha logrado vencer esa voluntad superior que ha alineado recursos administrativos, mediáticos, políticos y diplomáticos para impedir mayores avances. A una sesión de audiencias extraordinarias de la citada CIDH, en Lima, Perú, el 6 y 7 del próximo mes, acudirá una comisión de los familiares de los 43 para conocer los avances del caso, que el gobierno federal presentará ante la instancia interamericana.

Sin embargo, conforme vaya disminuyendo el poder formal del equipo peñista, en la ruta de la sucesión presidencial, irá cediendo la muralla hasta ahora sostenida para aislar y distorsionar todo lo relacionado con la terrible realidad de aquella noche trágica, que constituye uno de los baldones históricos del citado peñismo.

Fue secuestrado el 18 de mayo de este año y ayer se dio a conocer que su cuerpo, calcinado, había sido localizado en un tramo de la carretera Uruapan-Nueva Italia, población ésta en la que dirigía un canal de televisión. Salvador Adame Pardo habría sido levantado y asesinado por problemas personales con un miembro de un grupo criminal, según las versiones que ayer se dieron a conocer desde la procuraduría michoacana de Justicia. El propio procurador, Ernesto Godoy Castro, había difundido semanas atrás información de supuestos indicios conflictivos en relaciones personales y comerciales de Adame Pardo, en evidente intento de la administración del perredista Silvano Aureoles Conejo de colocar los hechos en una dimensión ajena al ejercicio periodístico en sí.

En Sinaloa fueron secuestradas entre ocho y 10 personas en el restaurante Mar and Sea, de la capital, Culiacán, aunque luego fueran liberadas varias de ellas, según imprecisa declaración del fiscal estatal, Juan José Ríos Estavillo. La guerra entre grupos criminales ha elevado la inseguridad pública a niveles extraordinarios en la entidad cuyo impávido gerente es Quirino Ordaz Coppel. El asesinato del periodista Javier Valdez, por ejemplo, sigue anclado en el pantano burocrático, sin capacidad ni voluntad de las autoridades para actuar contra el bando ejecutor.

Apariencias de celeridad, más plausible si fuera una regla y no una excepción, se advierten, por otro lado, en la búsqueda de esclarecer el homicidio de Rafael Chávez, conocido como El Borrego, hermano del ex campeón mundial de box Julio César Chávez, quien advirtió que actuará por su cuenta para encontrar a los homicidas.

Al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, le ha preocupado más la ejecución de tres miembros de la Policía Federal (en José Cardel, cabecera del municipio de La Antigua), entre ellos el máximo mando de esta corporación en la entidad, que el asesinato de cuatro menores de edad, y sus padres, en Coatzacoalcos. La preocupación de quien fue priísta, elbista y ahora panista, reside en el mensaje de guerra que se desprende del ataque al mando de la Policía Federal y dos de sus compañeros. A pesar de que había prometido, con evidente sello demagógico, que en dos meses mejoraría las condiciones de seguridad pública en el estado, Yunes está atrapado en redes de complicidad y corrupción similares a las que, con Javier Duarte en lo local, o con otros gobernadores en otros estados, someten la acción de las autoridades al interés y designios de alguno de los cárteles en pugna, a los que usualmente los políticos deben favores, portafolios con dinero en efectivo y financiamiento para sus campañas. En ese contexto, la muerte de ciudadanos en general, de mujeres y niños, poco preocupan ante los temas mayores, relacionados con las pugnas cupulares. ¡Hasta mañana!

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