México requiere transformar su modelo de seguridad social. El actual, concebido como un mecanismo redistribuidor de la riqueza y garante de la paz social, no alcanzó desde su creación –ni con la reforma a Ley del Seguro Social, que ya cumple 20 años– para dar cobertura a todas las personas, y quienes son derechohabientes tampoco pueden presumir de beneficios cabales si a diario lidian para obtener servicios médicos de calidad. En tanto, los trabajadores carecen de certidumbre sobre la situación económica que enfrentarán al momento de su retiro.

Eso es lo que opinan académicos como Pedro Moreno Salazar, investigador del Departamento de Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, quien asegura que en México se genera la suficiente riqueza para tener un esquema de seguridad social integral, equitativo, solidario, intergeneracional y universal.

Tendría que incluir los ocho seguros y prestaciones que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, con las que México está comprometido, entre ellas las de salud, maternidad, pensión por vejez, cesantía, invalidez y seguro de desempleo.

Pero eso requiere colocar el bienestar de la población por encima de cualquier criterio financiero. Que el Estado reasuma su responsabilidad: ver la necesidad y hacer lo necesario para cubrirla con un plan a desarrollarse a largo plazo, con financiamiento público, aportaciones de los patrones y de la sociedad en su conjunto, la cual sería beneficiaria, independientemente de su condición laboral.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principal organismo de la seguridad social del país, cuenta al mes de mayo con 19 millones 47 mil 825 de trabajadores afiliados, los cuales representan poco más de una tercera parte de la población ocupada. Esto, a decir de especialistas, es el reflejo del fracaso de la seguridad social.

Fausto Hernández Trillo, doctor en economía y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, recordó que cuando se creó el IMSS, en 1943, México iniciaba la etapa de la industrialización y sustitución de importaciones. Parte de la estrategia económica involucró a la seguridad social con base en el sistema diseñado a finales del siglo XIX en Alemania.

El problema surgió cuando la industria ya no pudo absorber a todas las personas que llegaban del campo a habitar las ciudades y se quedaron en el sector informal, indicó.

Actualmente, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de la mitad de los individuos que trabajan lo hacen en el sector informal, es decir, carecen de las prestaciones de la seguridad social, entre ellas el servicio médico, las prestaciones económicas por incapacidad laboral o maternidad. Tampoco cuentan con la protección del seguro de pensiones por invalidez, retiro, vejez y cesantía.

La economía no pudo formalizarse del todo y los que están dentro tienen otro gran problema a causa de la crítica situación financiera del IMSS, agudizada en la década de los 80 del siglo pasado. El especialista aseguró que el gobierno se gastó el dinero de los trabajadores, aparentemente para construir infraestructura hospitalaria, pero hay indicios de que se financió el servicio de la deuda externa.

Cayó en una situación de insolvencia y vino la reforma que entró en vigor el primero de julio de 1997, de estricto corte financiero, por la cual se crearon las cuentas individuales de fondos para el retiro.

Aunque en la exposición de motivos del proyecto de reforma se planteó el tema de los servicios médicos y el impacto que tendría en el IMSS la transición epidemiológica (pasar de una carga de enfermedades infecciosas a crónico-degenerativas) y el envejecimiento poblacional, en los hechos no hubo impacto para mejorar la prestación de los servicios.

Tampoco se solucionó el problema de la informalidad laboral, señaló Hernández Trillo, coautor con Santiago Levy del libro Reforma fiscal para una seguridad social universal, que al inicio del actual gobierno se mencionaba entre los proyectos que podrían servir de base para emprender una reforma de ley.

Nada prosperó, pero el especialista asegura que en algún momento tendrá que darse ese cambio para pasar a un sistema universal financiado con un fondo único.

Al respecto, Maximiliano García Guzmán, doctor en ciencias políticas y sociales y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que una próxima reforma tendrá que retomar el valor público e institucional de la seguridad social.

A escala global, la tendencia es ver a la seguridad social como un derecho humano y no tanto económico ni laboral. Para México el reto está en que las presiones financieras van a seguir creciendo, ya que el modelo de pensiones no ha dado los resultados que se ofrecieron con la reforma de 1997.

Eso afectará al resto de las prestaciones, empezando por la atención médica. Podrá seguir en aumento la cobertura, pero no la calidad del servicio.

Eso ya lo estamos viendo, dijo el académico, y puso de ejemplo el tiempo limitado de la consulta médica. Para cumplir con criterios de calidad debería ser de una hora, pero en las clínicas los médicos ven a sus pacientes en un promedio de 15 minutos. Entonces, se llega a más personas, pero la atención no es la debida, sostuvo.