Habitantes de Cuajimalpa advirtieron que no permitirán la construcción del Tren Interurbano México-Toluca en el bosque El Ocotal, porque significará la tala de 3 mil árboles, y plantearon desviar el trazo hacia la zona de La Marquesa ante la amenaza de las autoridades federales de que les guste o no, por ahí va a pasar.

En una protesta pacífica, que reunió a más de 500 personas, que gritaron al unísono ni un árbol más y el bosque no se vende, se ama y se defiende, denunciaron que existe el riesgo de que Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, cierre este espacio, aun cuando no ha demostrado su propiedad.

Solicitaron a la administración capitalina buscar ante las instancias internacionales que el bosque sea declarado patrimonio natural de la humanidad, y evitar que quede a merced de las autoridades federales o de un grupo empresarial, que no ha presentado ninguna escritura pública, pero se dice dueño.

Miguel Nava, integrante de la comisión de vecinos que dialoga con autoridades locales y federales, aclaró que no estamos en contra de este proyecto de transporte, pero sí de la tala de 45 árboles, a los cuales se sumarán otros 2 mil 955, por estar en el paso del tren, cuando es posible desviar el trazo.

Se trata de los últimos pulmones de la ciudad, por lo que exigimos que no se derribe un árbol más, se recorra el interior del túnel de la obra de 4.6 kilómetros de longitud para constatar el daño a manantiales, y se entreguen los permisos de esta construcción para analizar sus alcances, señaló.

El trazo original, recordó, era por el caserío de La Venta, pero la interposición de un amparo provocó que se moviera hacia El Ocotal, donde se inició la tala de 45 árboles, por lo cual se creó el grupo denominado Luciérnagas, que vigilan por la noche, mientras vecinos y atletas lo hacemos durante el día.

Dicha situación provocó que apareciera un supuesto dueño: Grupo Carso, que amenaza con cerrarlo, cuando la comunidad cuenta con códices y una respuesta del Registro Público de la Propiedad, donde especifica que haya sido vendido, lo cual sería ilegal porque es suelo de preservación ecológica, dijo.

La tala implica una multa de 500 a 2 mil días de salario mínimo, equivalentes a 40 mil 20 y 160 mil 80 pesos, respectivamente, y hasta cinco años de cárcel, por lo que ya deberían pagar un promedio de 8 millones 105 mil pesos, por los árboles derribados, estimó.

Aunado a eso, está la amenaza del gobierno federal, por conducto de un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que acudió a la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobierno, el pasado viernes, de que nos guste o no el tren pasará por El Ocotal, ante lo cual “nos defenderemos tomando casetas y autopistas”.

La próxima reunión con representantes de ambos gobiernos será el miércoles, señaló.