¡Qué poca madre!, gritó una de las asistentes a la sesión del Tribunal de Justicia de Morelos, cuando escuchó la decisión de 14 magistrados de negar el reconocimiento de inocencia a María Luisa Villanueva Márquez, presa desde hace casi 20 años en el Centro Estatal de Readaptación Social.

La sesión celebrada por el pleno del tribunal, el pasado 23 de junio, luego de supuestamente analizar el material probatorio en la causa penal 3/2014 y el expediente judicial 6/1998, intentaba que los magistrados corrigieran un grave error y restituyeran los derechos ilícita e injustamente arrebatados a María Luisa, en un caso que se ha convertido en paradigma de la impunidad de la que gozan algunos jueces a la hora de dictar sentencias con base en pruebas fabricadas, escenarios alterados y testigos fantasma o inducidos.

Con esta decisión revictimizan a María Luisa. La justicia en Morelos es ciega, lenta y deficiente en extremo. Los elementos de inocencia estaban a la vista de los magistrados. Y sólo puede explicarse este error que cometieron por la ignorancia en el manejo puntual de cada uno de los elementos de prueba aportados, pero pasaron por encima de todo. Solo de mala fe puede entenderse esta lamentable decisión, dice en entrevista el abogado especialista en derechos humanos Eustaquio Damián Santiago.

El litigante añade: Teniendo la oportunidad de rectificar, corregir y enmendar, el tribunal dio prueba del lamentable estado de impartición de justicia que priva en Morelos. Como abogado me ha tocado luchar por que impere el derecho y el respeto a la ley para que no se condene a tantos inocentes actualmente encarcelados.

María Luisa tenía 20 años cuando fue detenida por el temible Grupo Antisecuestros que operaba en ese entonces en Morelos, encabezado por el comandante Armando Martínez Salgado durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea, un grupo que tiene en su haber decenas de inocentes aún purgando condena en las cárceles de la entidad.

Sin orden de aprehensión fue detenida por los policías José Gudalupe Reyes Valentino, Fernando Paredes Meza y Édgar Chávez Rodríguez, y puesta a disposición de agentes del Ministerio Público de Cuernavaca, que la privaron de su libertad durante cuatro días para torturarla, luego le sembraron pruebas, alteraron escenarios, fabricaron testigos y después fue acusada de secuestro de la niña Sara Saskia Seligman Carriazo. Finalmente, el 24 de septiembre Prisciliano Sedano Quintanilla, juez penal de primera instancia de Puente de Ixtla, la condenó a 30 años de prisión.

Huelga de hambre

Abatida por los recientes hechos, María Luisa ha decidido declararse en huelga de hambre, único recurso que dice tener para exigir justicia y su libertad inmediata con el reconocimiento de su inocencia.

No puede ser que de nuevo por falta de un estudio a fondo del caso se emita una resolución a la ligera. La huelga que inicio es indefinida; no es para retar o desafiar y menos para chantajear a las autoridades del tribunal ni tampoco a las autoridades administrativas, que no han coartado mi libertad de expresión, sino para exigir mis legítimos derechos previstos por la ley, dice en entrevista telefónica desde la cárcel.

Dispuesta a asumir el riesgo que corre su salud, asegura no tener otro camino: Es para gritar, para que se escuche mi voz, porque soy y he sido inocente. Estoy presa desde hace casi 20 años no por ser delincuente, sino porque no encontré la justicia por la que ahora estoy luchando.

A pesar del reciente resultado adverso, María Luisa seguirá luchando en otras instancias el reconocimiento de su inocencia: Quiero confiar de nuevo en la justicia. Antes no había pruebas para que me condenaran a 30 años; hoy las hay, y suficientes, para que reconozcan mi inocencia y que nunca tuve nada que ver en ese delito del que soy totalmente ajena.

La entonces niña Sara Saskia Seligman Carriazo fue secuestrada el 22 de junio de 1997. Ese día María Luisa estaba en su pueblo, El Ocotillo, en Coyuca de Benítez, en la sierra de Guerrero, amamantando a su hijo de tres meses: Lo estaba criando e incluso recuerdo que en mayo de ese año me corté el tendón de un pie y estaba incapacitada para moverme, mucho menos para darle de comer a una niña secuestrada. La procuraduría me sembró pruebas, fabricó un testigo falso para sentenciarme. Y hasta hoy estoy pagando ese grave error.

En entrevista, su madre, María Márquez Navarrete, de 61 años, confirma su dicho: Ella estaba en El Ocotillo. Tuvo a su hijo el primero de febrero, y el 10 de mayo se cortó el pie con un vaso de veladora y el tendón se lo reventó. Me la llevé al centro de salud para curarla, pero los doctores eran pasantes y unos iban y venían, por eso no encontré pruebas para demostrarlo, ni papel alguno.

Con dificultad para hablar español, explica llorando que su familia se dedica al campo y que son muy pobres, por eso no pudieron liberar a su hija. “Ella está pagando por algo que no hizo; no debe nada. A ella luego se le infectó su pie y tardó meses en recuperarse; en julio todavía el pie le lloraba y no podía caminar. Mi hija es inocente”, señala.

Durante estos 19 años, María ha podido ver pocas veces a su hija encarcelada, debido a la falta de recursos económicos: Desde hace tres años no la veía por no tener dinero; somos humildes. Ella quería ver a sus hijos y se los traje para pedir libertad y para que la declaren inocente y se haga justicia.

Lucha interminable

La decisión que revictimiza a María Luisa y le niega su derecho a ser declarada inocente fue tomada por 14 magistrados: los de la sala del segundo circuito de Jojutla, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Carlos Iván Arenas Ángeles, Luis Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto, Nadia Luz María Lara Chávez y la presidenta, María del Carmen Verónica Cuevas López, así como los de la primera sala del primer circuito, Elda Flores León, Rubén Jasso Díaz, Rocío Bahena Ortiz y Norberto Calderón Ocampo, y los la segunda sala del este último circuito, José Valentín González García, Manuel Díaz Carbajal, Miguel Ángel Falcón Vega y María Idalia Franco Zavaleta. Hubo solamente una abstención, la de María del Carmen Aquino Celis.

Los únicos magistrados que tuvieron el valor de votar en favor de María Luisa y enmendar el error de casi 20 años de prisión injusta y sin pruebas, dice el abogado Eustaquio Damián Santiago, fueron los magistrados Bertha Rendón Montealegre y Ángel Garduño González.

Esperábamos sensibilidad, humanidad en los magistrados, y no un regalo ni una concesión graciosa. Este grupo de magistrados que se negó a aceptar las pruebas de inocencia están hechos a la vieja usanza, formados bajo viejos criterios y seguramente creen que cobijando un error fortalecen al tribunal o la confianza de la sociedad en la justicia; sin embargo, es todo lo contrario.

Añade: Los magistrados han cometido una doble violación: al procedimiento y de fondo. Violaron de manera flagrante normas de procedimiento, porque el código del estado contempla claramente 15 días para que emitieran la resolución que hasta el 23 de junio adoptaron, consumiendo ocho meses en el estudio, y es evidente que muchos ni siquiera se tomaron el tiempo de leer y analizar las constancias de inocencia.

Ahora, el abogado buscará justicia en los tribunales federales: Lo que sigue es quitarles a los magistrados estatales el asunto y enviarlo a la justicia federal en vía de amparo, en espera de que allí sí se atienda el asunto como debe ser.

Triste, llorando, María Luisa lamenta el tiempo perdido: “Todos estos años han sido muy dolorosos para mí porque no he podido estar con mi familia, con mis hijos. ¿Cómo voy a recuperar estos casi 20 años, ese amor, todo lo que me perdí de sus vidas por estar injustamente encarcelada?

Su angustia la contrarresta leyendo y escribiendo poesía, añorando ver un atardecer y sentir nuevamente el viento: ¡Diecinueve años en prisión! Los mejores años de mi vida, cuando las fuerzas físicas e intelectuales brotan en todo ser humano con esplendor. Deberían sonrojar a quienes por descuido, por desidia, por mala fe o por ignorancia han provocado el peor daño en mi vida.