El clima de intimidaciones y amenazas del gobierno contra los habitantes que se oponen a la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán sigue creciendo, lo cual obstaculiza la realización de la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los pueblos de la región decidan libremente sobre el tema, advirtió el abogado Jorge Fernández.

Ha habido una persistente actitud de sabotear el proceso de consulta de las dos instancias encargadas de organizarla: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), apuntó el litigante.

Los dos últimos ejemplos de ello son la reunión del pasado 13 de mayo, en la que se supone que los representantes del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria –dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– iban a dialogar con apicultores afectados por la soya transgénica, pero los dejaron plantados.

De igual manera, el pasado 27 de mayo la delegación de la Cibiogem saboteó un encuentro con los representantes de los pueblos inconformes, al cuestionar su autoridad e incluso llevando golpeadores para reventar la sesión, alertó Fernández, quien forma parte de la organización de derechos humanos Indignación.

La consecuencia de todo lo anterior, dijo, es que se está saboteando el proceso de consulta que ordenó en 2015 la segunda sala de la SCJN, instancia que ratificó la sentencia de un juzgado de distrito de Campeche, que un año antes declaró la inconstitucionalidad del permiso que se otorgó a la trasnacional Monsanto en 2012 para la siembra de soya transgénica.

Aunque durante 2016 se realizaron varios encuentros para construir la fase de acuerdos previos para la consulta, hasta la fecha no se ha podido superar dicho punto debido a que la CDI y la Cibiogem han obstaculizado el proceso de diálogo con las comunidades.

Lejos de establecer procesos adecuados para que los pueblos ejerzan su derecho a la consulta, la Cibiogem y la CDI, en complicidad, intentan plantear una propuesta que ni con mucho se acerca a los estándares internacionales, los cuales establecen que dichos ejercicios deben ser previos, informados, libres y de buena fe.

Frente a la resistencia de las comunidades de aceptar una consulta chafa y su capacidad de exigir diálogo y no caer en provocaciones, han comenzado a entrar a los pueblos a tratar de dividirlos, a soltar dinero para hacer consultas paralelas. Eso viola el principio de buena fe y el mandato de la SCJN, enfatizó.