Ciudad Juárez, Chih.

Periodistas y defensores de derechos humanos consideraron que no es necesaria la sanción de una nueva iniciativa de ley local para protegerlos de las agresiones y los asesinatos por ser críticos con los políticos o por investigar temas del narcotráfico: si se aplica la Constitución, ya que el mayor problema es la impunidad.

De darse una nueva ley (para protegernos), que no se tome en cuenta la iniciativa ya redactada, (sino) que se trabaje desde cero y se especifique una coordinación clara de la autoridad estatal con el mecanismo federal y los organismos internacionales, así como la participación plena del gremio periodístico, plantearon en un foro sobre el tema integrantes de la Red Libre Periodismo.

Es urgente obligar a las autoridades a aplicar las leyes en materia laboral, dado que los periodistas de la mayoría de los medios carecen de prestaciones de ley tan básicas como seguridad social, cuotas para derecho a la vivienda, además de ser subcontratados por empresas externas con sistemas de honorarios toda la vida, aseveraron.

De manera prioritaria, dijeron, debe aprobarse una norma que considere que si las empresas de comunicación desean obtener publicidad del gobierno se incluyan criterios enfocados en derechos humanos, para evitar gastos discrecionales del erario, y que estipule lineamientos claros para que aquéllas cumplan las normas laborales y de seguridad social básicas.

Apuntaron que esta reglamentación debe tener como fin no sólo la protección, sino la erradicación de obstáculos para el ejercicio periodístico e incluir un concepto amplio acorde con otras profesiones, que no limite ni categorice, sino que incluya a cualquier persona que promueva o defienda algún derecho humano.

Recalcaron que en ese nuevo marco los periodistas y defensores de derechos humanos queden incluidos con la definición señalada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Indicaron que en el plano local la recién creada Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos debe considerar a todos los periodistas de Chihuahua, la segunda entidad (después de Veracruz) en tener una alerta temprana de protección a periodistas y la primera con compromisos para poner en marcha un plan de contingencia firmado por autoridades estatales y federales.

Que a nivel local se evite generar fideicomisos, fondos o replicar un mecanismo como el federal. Que Chihuahua se coordine plenamente con el mecanismo federal ya existente. Que cada entidad aporte presupuesto para el funcionamiento, prevención y reacción del mecanismo federal para atender situaciones de emergencia y se definan criterios específicos para dar facultades y obligaciones a los gobiernos estatales a fin de operar en dicho mecanismo.

Pidieron revisar, modificar y/o derogar el protocolo y el Sistema Integral de Protección a Periodistas puesto en práctica en 2010, que presenta varios puntos que atentan contra la libertad de expresión y el libre periodismo: ejemplo de ello es la recomendación para que los periodistas eviten hacer preguntas incisivas para no ponerse en riesgo.