Después de casi dos meses de que el Congreso le turnó la ley contra la tortura, el presidente Enrique Peña Nieto se alista para promulgarla el próximo lunes, en el contexto del día internacional contra ese delito de lesa humanidad y apoyo a las víctimas.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, comentó que tiene información en ese sentido, lo que es importante a fin de que la legislación pueda regir. En una sesión reciente de la Permanente se presentaron dos puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a promulgar esa ley.

Esta legislación la aprobó el Senado el 27 de abril de 2016, y la Cámara de Diputados la congeló un año. En abril de este año los diputados la aprobaron y la remitieron con 21 cambios a los senadores, quienes aceptaron las modificaciones, y la aprobaron el 27 de abril de este año. Fue turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que hasta hoy no ha ocurrido.

Se detalla en ese ordenamiento próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación que un funcionario comete el delito de tortura cuando, a fin de obtener información o una confesión, cause dolor o sufrimiento físico o síquico a una persona, cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o sicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento y realice procedimientos médicos o científicos en un individuo sin su consentimiento, o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.

En la ley se señala que se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a mil días multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas establecidas.

Asimismo, se dispone en el ordenamiento que las penas previstas para el delito de tortura aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer, migrante, adulto mayor, indígena, discapacitado, haya sido sometida a cualquier forma de violencia sexual, entre otros.

También indica el nuevo ordenamiento que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial; además de que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para este ilícito son imprescriptibles.